Guatemala estalló el fin de semana. Los guatemaltecos estaban indignados desde la semana pasada porque el presidente Alejandro Giammattei y las fracciones legislativas afines habían logrado un acuerdo para aprobar un presupuesto cuestionable, desfinanciado y con una alta carga de endeudamiento.
Y aunque el estallido vino con una fuerte carga de vandalismo al extremo de incendiar parte del edificio del Congreso, lo cierto es que el síntoma de descomposición social es grande. Más allá de las escenas de vandalismo que han recorrido los medios internacionales, miles de guatemaltecos se manifestaban pacíficamente, dando una gran lección a Centroamérica sobre cómo exigir cambios.
Otro factor determinante fue el papel del vicepresidente Guillermo Castillo, quien el viernes llegó a proponerle la renuncia de ambos a Giammattei, todo por la problemática del presupuesto. La exigencia de Castillo fue de un presupuesto con eficiencia y transparencia. Castillo se sumó a los reclamos populares de que el presupuesto beneficia a sectores políticos y descuida programas sociales en un contexto de pandemia y desastres naturales.
La falta de puentes de diálogo parecen agravar la situación. Giammattei no ha abandonado sus posiciones y asegura que el presupuesto es “ventajoso” y solo se ha ofrecido a “aclarar dudas”.
El gran problema de los gobiernos centroamericanos en general es que suelen aprobar presupuestos desfinanciados que se vuelven una trampa interminable de endeudamiento que lejos de solucionar crisis, solo las agrava y hunde más en la pobreza a nuestros pueblos. El contexto actual de pandemia y crisis económica es para que se busquen consensos, no imposiciones que a la larga son la causa de estos estallidos sociales.