“A partir de enero de 2022 tenemos que cumplir todas las reglas fiscales”, indicó Nelson Fuentes, ministro de Hacienda durante la entrevista República, de Canal 33. El funcionario enfatizó que el único parámetro que se debe mantener es alcanzar un balance primario igual o mayor al 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2020 y 1.2 % para 2021.
El balance primario es la diferencia entre los ingresos y gastos, pero sin incluir el pago de intereses de la deuda. “Si este indicador va creciendo de manera positiva, el país va por buen camino, lleva ocho años con crecimiento del balance primario”, sumó Fuentes.
La LRF se aprobó en noviembre de 2016 producto de una mesa de negociaciones entre el gobierno de turno y la oposición como medida para permitir que el Ejecutivo emitiera $550 millones para cumplir compromisos de deuda, remuneraciones y subsidios.
Esta ley establece un coctel de normativas que obliga al Estado salvadoreño a tomar medidas para reducir su déficit fiscal y la deuda. Se estableció un primer período de consolidación de tres años, pero en 2018 se aprobó una modificación para extenderlo en cinco años, en 2021.
“Es de reconocer que el Ministerio de Hacienda hace un esfuerzo de auto forzar el que vayamos presionando a cumplir esos parámetros, pero no estamos incumpliendo la ley. Es una forma de auto exigirse ir cumpliendo ciertos parámetros, pero esos parámetros hay que cumplirlos legalmente hasta 2022”, insistió Hacienda.
Aplicar previas medidas
Después del período de consolidación, según indica la ley, la carga tributaria bruta no deberá ser menor al 18.5 % del PIB, mientras que los gastos de consumo -remuneraciones, y bienes y servicios- no deben superar el 14 %. Sin embargo, las acciones que emprenda el Gobierno entre 2020 y 2021 para alcanzar esas metas son primordiales, indicaron economistas.
Rommel Rodríguez, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), comentó que la lectura de Hacienda hacia la LFR es una “expresión discrecional” porque hay un período de ajuste que “si no es efectivo” no “tendrá mayor fuerza o impacto hacia adelante”.
En tanto, Ricardo Castaneda, coordinador país del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), consideró que si bien los parámetros deben alcanzar a partir de 2021, “las medidas para cumplirlas se deben tomar antes”.
En diferentes ocasiones, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) ha advertido también que los esfuerzos del Gobierno para reducir la deuda no son suficientes y ha asegurado que el presupuesto de 2020 se aleja de las metas fiscales.
El tanque de pensamiento estima que la deuda pública, incluyendo las solicitudes de préstamos, supere los $20,153.1 millones en 2020. Esto equivale a un 72.7 % del PIB y supone que el Ejecutivo debe hacer mayores esfuerzos en para estabilizar en 12 % en los próximos 10 años y llegar así al 60 % contemplado en la LRF.
Gastos financieros eran “transparentes”
El punto más criticado durante la discusión para aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2020 fue el incremento en el rubro 55 de Gastos Financieros, asignado para impuestos a transferencias y seguros privados. Hacienda explicó que la alza respondía a que los fondos se destinarían para pago de bienes, servicios y salarios de varias carteras de Estados, como medida para cumplir la LRF.
En la aprobación al presupuesto de 2020 del viernes pasado, por $6,4261. millones, el Gobierno aceptó transferir $104 millones de los Gastos Financieros a pago de bienes, servicios, escalafones y medicamentos.
El ministro de Hacienda descartó ayer que sea una medida poco transparente ya que el rubro 55 tiene la dependencia de “otros diversos que no necesariamente está abonado a gastos financieros”. “No implica menos transparencia porque sabíamos cuáles eran los gastos”, indicó.