Esta semana se divulgó ampliamente la brutal represión de autoridades migratorias y policiales mexicanas contra una caravana en el estado de Chiapas. La imagen de dos agentes migratorios golpeando a un migrante con patadas en su cabeza, fue estremecedora, impactante. Uno de las víctimas de estos atropellos sufrió la agresión frente a su hijo pequeño.
México ha sido un abanderado del reclamo a Estados Unidos por el maltrato a sus ciudadanos que migran a aquel país, pero cuando episodios como estos suceden, hay que cuestionar por qué esos derechos que reclama para sus ciudadanos, no los puede respetar para los centroamericanos que cruzan su territorio.
La migración ya no viene solo del Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- sino también desde Nicaragua, asolada por la asfixiante situación política creada por la dictadura Ortega-Murillo, así como de la asolada nación caribeña de Haití, afectada por crisis políticas y un reciente terremoto.
Pero independientemente de dónde vengan, México tiene la obligación de respetar los derechos de los migrantes, de corregir esos abusos y atropellos de sus funcionarios hacia los extranjeros que cruzan su territorio. Evidentemente, también es obligación de El Salvador y el resto de gobiernos de la región demandar a México ese mínimo respeto a los derechos y dignidad de sus ciudadanos.