“Declarar no ha lugar la recusación planteada...ordenar a los jueces continúen en el conocimiento de la relacionada causa”, dice la resolución de la Cámara Primera de lo Penal, con fecha 17 de julio.
El juicio contra los implicados, acusados de lavado de dinero y activos, peculado y evasión de impuesto de unos $351 millones provenientes de Casa Presidencial, estaba programada para el 13 de julio, pero se reprogramó por la recusación de “Mecafé”, bajo el argumento que estos mismos jueces conocieron del proceso dónde se le condenó a ocho años de cárcel por el delito de casos especiales de lavado de dinero, por haber aceptado una avioneta a cambio de mediar para entregar un contrato de construcción del puente San Isidro en Chalatenango.
Los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal argumentaron que el rechazo de la recusación fue porque determinaron que son hechos diferentes, uno sobre irregularidades en un proceso de licitación y el actual sobre la recepción de fondos provenientes de la Cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República. De igual forma, explicaron que el delito por el que fue condenado era de casos especiales de lavado de dinero y por el que está siendo enjuiciado es lavado de dinero y activos.
“De tal suerte que, al tratarse de un sustrato fáctico diferente, no puede considerarse que los jueces Aenne Margareth Castro Avilés y Mauricio Marroquín Medrano tengan impedimento alguno para conocer del presente caso, debiendo declarar no ha lugar la recusación planteada”, sostuvo la Cámara.
Según la resolución, los jueces admitieron el impedimento alegado por “Mecafé”, en razón que uno de los testigos con régimen de protección clave “Franco” declaró sobre hechos ocurridos al periodo presidencial de Mauricio Funes Cartagena, sin embargo, la Cámara reiteró que son hechos diferentes a los acusados.
Tras este fallo de los magistrados de Cámara, el Tribunal Primero de Sentencia deberá programar fecha para la realización del juicio.
La acusación.
Menéndez es uno de los 10 imputados en el caso denominado Saqueo Público, procesados por lavado de dinero y peculado, al supuestamente haber desvíado $351 millones de la Cuenta de Gastos Reservados de Casa Presidencial a cuentas del expresidente Mauricio Funes, según la acusación de la Fiscalía General de la República.También es acusada la exprimera dama de la República, Vanda Pignado; el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Marciano Rivas; exgerente Financiero Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga; el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño, el asistente técnico financiero, Pablo Gómez, a, Luis Miguel Ángel García y Juan Carlos Guzmán Berdugo, padre de Ada Mitchell Guzmán, expareja de Funes.
Este caso inició en junio de 2018 por la Fiscalía, en contra de más de 30 personas, al menos dos, fueron condenadas en procesos abreviados, entre ellas, Regina Cañas, y una más falleció. Para el resto de acusados, entre ellos, el expresidente Mauricio Funes, su caso está en la etapa de instrucción, a espera de señalamiento de audiencia prelimimar, ya que fueron separados por estar ausentes.