El primer galeno en declarar fue el Guillermo Ortiz, quien atendió los dos embarazos de Beatriz; Ortiz es ginecólogo obstetra, y en 2013 era el jefe de la unidad de embarazo de alto riesgo del hospital de Maternidad, de San Salvador.
Ante la Corte IDH, sostuvo que las enfermedades de la joven eran artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y nefritis lúpica que mantenían un riesgo latente en el embarazo. Lo anterior debido a que, en la primera gestación, Beatriz sufrió complicaciones a partir de la semana 26, a causa del lupus que provocó un parto prematuro a la semana 32, y derivó en una preeclampsia.
Cuando Beatriz, de 22 años, se enteró de su segundo embarazo, en medio de una complicación de llagas por su lupus, los exámenes arrojaron que la hija que gestaba tenía una malformación congénita y no desarrolló cerebro, por tanto, moriría al nacer.
“Ella ya tenía la información que su embarazo no tenía pronóstico. Lo primero que me dijo fue: ‘si mi hijo no va a vivir no me quiero arriesgar, ¿me puede ayudar a que el embarazo se interrumpa?”, relató el galeno.
Ortiz dijo que en un Comité Médico conformado por las jefaturas de maternidad analizaron el caso, porque no existía un protocolo para ello, y concluyeron que debido a que no existía posibilidad de corregir la malformación de la gestante, se debía proteger la vida de Beatriz. “Fue unánime, los 15 firmamos un acta de que se debía interrumpir (el embarazo)”, añadió.
Sin embargo, no se realizó porque el asesor legal del hospital les advirtió que era prohibido en el país. “Al final del acta colocamos que la terminación del embarazo era prudente, pero no lo podemos hacer porque la ley no lo permite”, explicó Ortiz.
A preguntas de las abogadas del Estado salvadoreño, Ortiz dijo que Beatríz “Tenía los riesgos identificados, y existía una alta posibilidad de fallecer”.
“Lo más grave era la salud mental (de Beatriz), había una evaluación que estaba viviendo un duelo y quería finalizarlo, (además) había antecedentes de riesgo suicida. Me llamaba y me decía: ‘Yo no me quiero morir’. Y me insistía: ‘Si yo supiera que mi hijo iba a vivir, yo corriera el riesgo”, recordó Ortiz.
Ante la imposibilidad de suspender su embarazo, Beatriz presentó un amparo en la Sala de lo Constitucional quien 81 días después declaró no ha lugar, pero dijo a los médicos que hicieran lo que consideraran necesario. Beatriz fue sometida a una cirugía donde hicieron una histerectomía, se extrajo a la niña con vida y murió cinco horas después.
Sin riesgo.
Ayer, también declaró el doctor Rafael Barahona, quien en su momento era subjefe de perinatología del hospital de Maternidad, y sigue laborando para el Estado salvadoreño; ayer afirmó que atendió a Beatriz algunas ocasiones, pero luego “se le prohibió”.Dijo que conoce el caso porque leyó el expediente y junto a sus colegas perinatólogos discutían el complejo caso.
Afirmó, categóricamente, que “la vida de Beatriz nunca estuvo en riesgo”, durante el segundo embarazo y aseguró que la joven “no solicitó un aborto”. También aseguró que en las notas de la psicóloga del hospital reportó que se encontraba “estable”.
El galeno afirmó que su preocupación era que, en el primer embarazo, Beatriz tuvo una cesárea, cuya cicatriz apenas tenía nueve meses y podría haber una ruptura en el segundo proceso. “El embarazo estaba programado a terminarse a las 28 semanas porque ya había formación de un segmento inferior y en esa área si uno hace una histerectomía el sangrado iba a ser menos, y la cirugía se hizo antes, porque estaba estipulado en el plan, que si había ciertas circunstancias se procedería antes, uno de esos es el polihidramnios. En la ultrasonografía reportó un polihidramnios leve por lo tanto procedimos con el plan que ya teníamos preparado”, añadió Barahona al relato.
La audiencia pública seguirá hoy con los alegatos de las partes demandadas y demandantes, y es transmitida a través de las redes sociales de la Corte.