“Lamentamos informar la víctima mortal número 396 del sistema penal de El Salvador, 396 salvadoreños que han muerto bajo la tutela del Estado sin haber sido oídos y vencidos en juicio”, publicó Socorro Jurídico en su cuenta de X.
De acuerdo con los registros que la organización posee sobre las muertes en centros penitenciarios, señalan que el 94 % de los reos no tenían un perfil de pandillero y fallecieron sin haber sido presentados ante un juez tras su captura.
En reiteradas ocasiones, la directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar ha mencionado que el número de privados de libertad que han fallecido en el marco del régimen de excepción podría superar los 1,000, debido a que no hay mayor información de las autoridades.
“No es normal que la gente muera sin derecho a ser oídos y vencidos en juicio. El sistema penitenciario de El Salvador, es cruel e inhumano, debe ser investigado”, expresó Escobar tras el último reporte de detenidos fallecidos.
Según Socorro Juridico, las principales causas de las muertes de los reos han sido por violencia y negligencia médica por parte de los custodios en los centros penitenciarios.
El Centro Penal de Izalco, La Esperanza (Mariona), Apanteos, Quezaltepeque y la Granja de Zacatecoluca son las principales cárceles donde la organización ha contabilizado la mayoría de las muertes.
El régimen de excepción cumplió tres años el 27 de marzo de 2025, y a su prórroga número 37 se reportan más de 85,000 personas detenidas señaladas de pertenecer o colaborar con las pandillas, bajo dicha medida.
La medida de seguridad se aplicó luego que 87 personas fueron asesinados por parte de las pandillas, entre el 25 al 27 de marzo del año 2022.
Las organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la asociación Cristosal registran denuncias de violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la medida de seguridad, como la captura de personas inocentes o de manera arbitraria, la tortura en las cárceles y la muerte de detenidos bajo la custodia del Estado.