La organización Cristosal pidió este viernes a las autoridades de seguridad respetar la integridad de los pobladores que se encuentran bajo cerco militar en Chalatenango, y que estarían siendo "obligados" a albergar a militares y policías.

"Como Cristosal hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la integridad física de todos los detenidos, así como de todos los habitantes obligados a abrir sus casas para albergar a los militares y policías", sostiene Cristosal a través de un comunicado.

Asegura que tienen registro de cuatro personas detenidas bajo el cerco militar, supuestamente personas organizadas en la Fundación Tamarindo, entre ellas, una madre y su hija de 7 años de edad. Cristosal alerta que desconocen el paradero de la madre y la menor.

La Policía Nacional Civil (PNC) únicamente ha informado de la captura de dos sujetos identificados como Enmanuel Quintanilla y José Elias Ramírez, presuntos miembros del barrio 18.

La organización asegura que los militares solicitan acceso a las casas y fundaciones para que los militares permanezcan albergados.

"Alertamos a la comunidad internacional a estar vigilantes de esta situación, ya que somos fieles creyentes de que, en un país con democracia, el respeto a la vida y dignidad de todas las personas, así como la presunción de inocencia son derechos que deben respetarse", sostuvo Cristosal.

En las últimas horas la Fundación Jon Cortina denunció que sus instalaciones fueron ocupadas por militares. Pidieron respetar sus pertenencias, ya que son de valor histórico.

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular también denunció que militares están ocupando casas, espacios religiosos y comunales. Solicitan el retiro de las "tropas de ocupación" y la finalización del cerco militar.

"Nos solidarizamos con estas comunidades históricas de lucha que se han visto obligadas a interrumpir sus actividades normales en semana santa bajo la bota militar".
Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.


El cerco

El cerco militar se instaló desde la tarde del domingo 24 de marzo en los municipios de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, del departamento de Chalatenango, supuestamente con el objetivo de desarticular una clica de la pandilla Barrio 18 Sureños, acusados de ser los responsables de cometer dos homicidios en la última semana. Las autoridades han desplegado más de 5,000 soldados y 1,000 elementos de la policía.