Ambientalistas de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) denunciaron la semana anterior que el drenaje ácido proveniente de las actividades mineras en El Dorado, Cabañas, sigue contaminando los recursos hídricos de la zona norte del país.

El representante de ADES, Alfredo Leiva, señaló que El Dorado era uno de los proyectos mineros más avanzados que se tenían en El Salvador a inicios de los años 2000, sin embargo, asegura que en la actualidad persisten los daños en el medio ambiente.

“Por esas obras de exploración que realizaron las empresas en el pasado, ya hay drenajes ácidos en El Dorado, entonces ya están siendo afectadas estas personas, hay unas comunidades que tienen agua que ya no es consumible porque tienen una gran cantidad de arsénico, entonces en ese sentido las comunidades han empezado a reaccionar y a denunciar lo que está pasando”, manifestó Leiva a Diario El Mundo.

El drenaje ácido por actividad minera es un proceso que ocurre cuando los minerales que se extraen en las minas, especialmente los que contienen metales como hierro, cobre u oro, reaccionan con el agua y el oxígeno del aire, convirtiéndose en una sustancia muy tóxica.

El agua contaminada con estos ácidos puede filtrarse en ríos, lagos y suelos cercanos, afectando el medio ambiente y contaminar las fuentes de agua que las personas usan para beber y cultivar, lo cual puede ocurrir indefinidamente, mucho después de que la exploración minera haya terminado.

Ante ello, ambientalistas aseguraron que si se retoma la actividad minera en dicho sector al menos 4,000 personas que residen en la zona deberán ser desplazados, debido a las perforaciones de tierras, donde también serán afectados sectores aledaños.

“Si se deja que explote (la minería), primero van a tener que desplazar a no menos de 4,000 personas que viven sobre el terreno de la mina y luego alrededor esta Guacotecti y San Isidro, que quedarían en los bordes de la perforación”, explicó el vocero de ADES.

En noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele propuso levantar la prohibición total a la minería metálica que se decretó en 2017 para aprovechar riquezas en oro, que según él posee el territorio salvadoreño e hizo referencia a "los distritos de oro".

Posteriormente, el 23 de diciembre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que avaló la minería metálica en el país.

En ese sentido, los ambientalistas resaltaron que “ahora que ya no se tiene ese instrumento (Ley de Prohibición de la Minería Metálica) y lo que les queda a esas comunidades es defender sus territorios a través de la resistencia y organización”.

Organizaciones sociales resaltan que la minería metálica utiliza grandes cantidades de agua y para un país como El Salvador, que ya sufre de una crisis hídrica, representa una amenaza para los salvadoreños.