El exministro de la Defensa, José Atilio Benítez Parada, confesó este martes ante el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador haber cometido delitos de corrupción durante su gestión al frente de dicha cartera de Estado, como parte de un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía General de la República (FGR).

El procedimiento fue avalado el martes con el inicio de la vista pública, permite que el ministro Benítez reciba una sentencia reducida a cambio de su confección por los delitos de actos arbitrarios, comercio ilegal y depósito de armas, que se le imputan.

En el juicio, Benítez admitió que durante su gestión como viceministro de la Defensa ordenó al coronel Salvador González Quezada, quien fungió como director de logística del Ministerio de la Defensa Nacional a legalizar 21 armas de fuego que estaban en su poder, bajo el decreto legislativo número 25 en el año 2011, cuando este estaba fuera de vigencia.

"Reconozco que valiéndome de mi cargo ordené la matrícula de armas al coronel Quezada aunque el decreto estaba vencido", declaró el exfuncionario durante el juicio, así como que firmó todas las solicitudes para la matriculación de las armas "sin importar que la vigencia del decreto había finalizado".

El decreto legislativo número 25, que entró en vigencia el 25 de mayo del año 2009, permitía a las personas que tenían armas ilegales las pudiera legalizar en un período de 45 días.

Con respecto al delito de actos arbitrarios, Benítez confesó que posterior al registro de las armas realizó la venta de nueve, a conocidos y amigos. Además, de donar otras cuatro para su exhibición en el Ministerio de Defensa.

"Confieso que en el año 2011 traspase el dominio de nueve de mis armas de fuego", confesó, entre las que detalló habían armas de tipo fusiles, resolver y carabinas.Reducción de penaLa representación fiscal señaló que la aceptación del cometimiento de los delitos permite una negociación entre la Fiscalía, el imputado y el defensor para aplicar la una reducción de la pena prevista a los delitos. En este caso se acordó una condena de tres años de prisión, debido a la colaboración del exfuncionario.

El artículo 417 del Código Procesal Penal permite la aplicación de un procedimiento abreviado en las diligencias penales, y uno de los requisitos es que "que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este procedimiento.

Esta no había sido la primera vez que la defensa solicitaba la abreviación del proceso judicial, en el año 2023, sin embargo, al haber una causa en el proceso judicial no se acordó nada para ese entonces, hasta este 8 de julio de 2025 que se aprobó.

La normativa penal establece que las condenas de tres años o menos son excarcelables en El Salvador. Acusación La representación fiscal le atribuye nueve casos de registro ilegal de armas, los cuales se cometieron entre el periodo del 13 de agosto de 2009 al 19 de septiembre de 2011, bajo su gestión como funcionario.

En un inicio, al exministro de la Defensa también se le atribuían los delitos de peculado y estafa, sin embargo, la Fiscalía informó que en el caso de peculado no se logró establecer con certeza la apropiación indebida de los fondos por parte del acusado.

En cuanto al cargo de estafa, las presuntas víctimas manifestaron que ya habían sido compensadas y que no deseaban continuar con el proceso penal. Ante estos elementos, el tribunal decidió desestimar ambos cargos.

El juicio prosiguió con la declaración de testigos que sustentan las dos acusaciones en contra del exfuncionario.
Atilio Benítez fue ministro de la Defensa entre 2009 y 2013, durante el primer gobierno del FMLN. Posteriormente se desempeñó como embajador en Alemania.

Además de este caso, Atilio Benítez también enfrenta un proceso que data desde el año 2020, cuando la Fiscalía le imputó el delito de peculado, al vincularse a un contrato que el Ministerio de la Defensa hizo con la empresa Centrum.

En junio de 2023, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla condenó a Benítez y su esposa Ema Isaura de Benítez, por el delito de enriquecimiento ilícito por más de $121,000 y los inhabilitó durante 10 años para ejercer cualquier cargo público.