El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador instaló este martes el juicio en contra de un profesor, un enfermero del Ministerio de Salud, un policía y 29 personas más acusadas de ser parte de una red de pedofilia que operaba a nivel nacional e internacional.

Todos los detenidos se procesan por los delitos de adquisición y utilización de posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, así como por el delito de agrupaciones ilícitas.

Los procesados fueron capturados en varios procedimientos en 2021, la mayoría enfrentará el juicio bajo medidas sustitutivas a la detención.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que todos operaban la red de forma nacional e internacional, y distribuían el material pornográfico a países como Pakistán, Indonesia, Vietnam, Ghana, Ecuador, México y Guatemala, entre otros que no detalló.

"Fiscalía cuenta con una cantidad considerable de testigos, así como también prueba documental y pericial con la cual Fiscalía ha logrado fortalecer la acusación en contra de los imputados", dijo la fiscal del caso.

La fiscal espera que el tribunal imponga la pena máxima para los procesados.

El caso denominado "Ángel Guardián" se originó en 2021, cuando la Fiscalía realizó operativos en varios departamentos del país, específicamente en La Libertad, San Salvador, Cabañas, Usulután, La Unión, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán y La Paz.

Entre los procesados se encuentran los considerados cabecillas de la estructura, Javier Alfredo Iraheta López, creador y administrador de la red; y Miguel Antonio Bernal Pérez.

Las autoridades revisaron los teléfonos celulares de Iraheta y Bernal, donde determinaron que ambos formaban parte de una red internacional que intercambiaba abundante material de contenido sexual infantil, entre imágenes y videos, a través de WhatsApp.

El grupo, al que pertenecen al menos 81 números telefónicos salvadoreños, es administrado por usuarios con el código +52, utilizado en México.

Para lograr individualizar a los dueños de los números que aparecen en el listado, la Fiscalía y la PNC realizaron un rastreo y análisis de información que poseían ellos mismos, como bitácoras de llamadas.