Las medidas consiste en pagar una fianza de $10,000, no salir del país, no cambiarse de domicilio ni tener contacto con los funcionarios de Centros Penales, y presentarse a firmar al juzgado.
Decisión que para el ente fiscal no se encuentra apegada a derecho y de la cual se harán los recursos atinentes a efecto de mantenerse la medida de detención provisional en la que se encuentran actualmente los imputados".
Fiscal del caso.
La Fiscalía mantiene la tesis de que existe el peligro de fuga y el probable entorpecimiento del proceso.
"La jueza no ha tomado en cuenta que por la calidad que tenían los imputados en su momento y por encontrarse trabajando en una institución pública, la cual es la encargada de la investigación de los delitos, estos pueden llegar a interferir los actos de investigación, contaminarlos y afectar el objetivo principal del proceso penal: encontrar la verdad real", afirmó el fiscal.
Por su parte, el abogado defensor, Pedro Cruz, se mostró satisfecho con la resolución de la jueza, "se ha dado un paso importante, sabemos que pueden haber apelaciones pero tenemos argumentaciones y lo que se ha resuelto ahora es suficientemente sólido jurídicamente como para que vaya hacer cambiado".
Cruz manifestó que los exfuncionarios del expresidente Salvador Sánchez Cerén no quedarán en libertad de inmediato sino hasta que Fiscalía apele y la Cámara Tercera de lo Penal resuelva.
Cruz argumentó en su petición de cambio de medidas que no existe peligro de fuga de los exfuncionarios, y que ellos antes de que se emitieran las órdenes de recaptura, se presentaron voluntariamente en más de una vez.
Se ha establecido que no existe indicio alguno que puedan interferir en la investigación y además tienen suficientes arraigos familiares y laborales demostrado con testigos".
Pedro Cruz
Defensor de exministro.
Además se ha establecido en apariencia de buen derecho que los indicios que ahora se cuentan contra los procesados son insuficientes como para creer que esto terminará en condena", sostuvo.
El exministro Ramírez Landaverde y el subcomisionado Roque Mártir son dos, de los 21 exfuncionarios del expresidente Sánchez Cerén, procesados por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de las tiendas institucionales de Centros Penales.
De los 21 acusados solo 13 se encuentran en prisión por orden de la Cámara Tercera de Sentencia, los restantes se encuentran ausentes, excepto el exviceministro Raúl López que por razones de salud está con medidas sustitutivas a la detención.
La Fiscalía acusa a los exfuncionarios de delitos de peculado, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho impropio y falsedad documental agravada.