La representante del Foro Nacional de Salud,
Morena Murillo, sostuvo que la población salvadoreña ha expresado su negativa a la reactivación de la actividad minera en el país, por lo que exigen restablecer la prohibición de la minería metálica.
“Se ha puesto a prueba el sistema judicial, se han llevado más de 50 mil firmas a la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional esa ley y tampoco se ha visto algo. Si no revierten esta ley de la minería este pueblo está condenado a morir de sed y morir también de enfermedades relacionadas con la minería”, expuso Murillo.
En noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele propuso levantar la prohibición a la minería metálica que estaba vigente desde 2017. El 23 de diciembre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de minería metálica en el país.
Según señaló Murillo, desde la reactivación de la minería, se ha puesto a prueba a un sistema judicial, un sistema legislativo y un sistema político, donde “a pesar que hay una crítica, hay un clamor de este pueblo que se derogue la ley de la minería, aquí no se escucha”, dijo Murillo.
La demanda de organizaciones como el Foro Nacional de Salud recae en las afectaciones ambientales y a la salud que la reactivación de la minería metálica podría ocasionar, específicamente en zonas cercanas a los ríos y fuentes de agua.
De acuerdo con las organización, cuando se prohibió la ley, en 2017, dicha acción fue posible por una intensa lucha social, convirtiendo al país en un ejemplo por priorizar el agua, los ecosistemas y la salud por encima de los intereses de las corporaciones mineras.,
“Exigimos al gobierno y a la legislatura actual, restablecer las prohibiciones definitiva de la explotación minera, derogando la ley general de minería metálica que abre las puertas a estos proyectos que causaron desastres ambientales de proporciones catastróficas y que pondrían en grave riesgo la existencia de nuestro país”, declaró Alfredo Leiva, de Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta.
Persecución Judicial
Asimismo, las organizaciones señalaron que la demanda de derogar la ley también incluye terminar la persecución judicial en contra los ambientalistas y líderes comunitarios de ADES Santa Marta, quienes han sido “criminalizados por pronunciarse por la reactivación de la minería metálica”.Actualmente, cinco líderes de ADES Santa Marta junto a otras tres personas enfrentan un proceso judicial por su presunta participacion en el asesinato de una mujer durante el periodo del conflicto armado, a pesar que en octubre de 2024 el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque los absolvió.
“Nos preocupa que a pesar del centenar de organizaciones nacionales y de instancias internacionales, el sistema judicial no desista de repetir el juicio y la Fiscalía General de la República haya girado nuevas órdenes de captura, por tanto, llamamos al país a cerrar filas contra la reactivación de la minería y por el cese de la persecución en contra de los activistas antimineros de Cabañas que enfrentarán vista pública”, dijo Leiva.
Además, las organizaciones hacen el llamado a que tomen en cuenta la opinión de los científicos y expertos de las universidades, el llamado de la Iglesia Católica de rectificar y restablecer la prohibición de la minería metálica.