"Vuelva el proceso al estado en que se encontraba previo a la audiencia en que se declaró la nulidad que se ha revocado, por lo que deberá continuar el mismo, según su trámite ordinario", dice la resolución divulgada en redes sociales por la abogada defensora de José Valladares, Tahnya Pastor.
La acusación fue declarada como "nula absoluta" el pasado 5 de septiembre por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que dio la razón a la defensa de Beltrán Bonilla, quienes argumentaron que no se agotaron los procedimientos en el caso, siendo una solicitud de rectificación y respuesta a radio YSKL, donde supuestamente se realizó la calumnia y difamación. Era la segunda vez que se anulaba la acusación.
El juez que conoció el caso explicó que en el proceso se estableció, tanto por la prueba documental y testimonial del presidente de la YSKL, Manuel Antonio Flores Pineda, quien dijo que durante Beltrán Bonilla fue diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), también ejerció la profesión de periodista. Los abogados de José Valladares habían afirmado que Bonilla usó recursos y violó la Constitución al hacer tener doble empleo.
El proceso se originó porque a principios del 2021, Beltrán Bonilla a través de un video en redes sociales afirmó que Valladares tenía una plaza fantasma con un partido político en la Asamblea Legislativa. Así mismo, habría ofendido al youtuber por su preferencia sexual.
La defensa, así como los videos, muestran cómo Beltrán Bonilla aseguró que Valladares tenía una plaza fantasma en la Asamblea por la que le pagaban $900.
En el juicio, la defensa de Beltrán Bonilla alegó en el juicio que lo dicho fue en legítima defensa a los insultos que el youtuber le realizaba en al menos 22 videos.
A través de su declaración, "José Youtuber" afirmó que se considera “la voz del pueblo” y que es la sátira política es quien le habilita a poner apodos.
En noviembre de 2022, el mismo Tribunal Quinto de Sentencia declaró nula la causa, sin embargo, una Cámara ordenó reabrirla; en ese momento, el argumento para anular la demanda por calumnia y difamación también fue que el demandante no hizo uso del recurso de rectificación y respuesta que le ampara la ley. Valladares había pedido $20,000 en concepto de responsabilidad civil, $10,000 por calumnia y la misma cantidad por difamación.