Los titulares de seguridad pública tampoco han proporcionado informe que de cuentas del perfil de las personas asesinadas y de las circunstancias en las que ocurrieron estos lamentables hechos, además, a los medios de comunicación les limitan el acceso a las escenas. Semejantes vacíos de información abren flanco a especulaciones poniendo en duda si todos estos homicidios son atribuibles a los grupos criminales de pandillas, o si asistimos a la inauguración de una nueva y desconocida fase del fracasado plan de seguridad, o es solo una nueva versión de Mano Dura “#GuerraContraPandillas” según la etiqueta del Gabinete de Seguridad. Cabe preguntarse ¿Cuánto durará la presencia de los operativos policiales en las comunidades?, ¿Hasta dónde se exprimirá a sufridos policías y soldados en fallidas misiones?, ¿En qué sistema penitenciario alojaran a miles de detenidos y con qué presupuesto?, ¿Cuándo decidió el Gobierno hacer el viraje del Plan Control Territorial, a una “#GuerraContraPandillas”?
Hasta hoy el gobierno no ha expuesto un balance de costos y resultados. También, genera dudas si la redacción del Decreto 333 del Régimen de Excepción impuesto estaba listo desde el 24 de marzo, es decir, con antelación al incremento de homicidios. En esta misma hipótesis de un plan anticipado es comprobable: la estrategia de Bukele para duplicar el tamaño de la Fuerza Armada a cuarenta mil efectivos, el abultado incremento de más de 37 millones al presupuesto del Ejército en 2022; y el empeño por adquirir nuevo armamento de guerra tras la reciente visita presidencial a Turquía. Es creciente la repugnante metamorfosis de Bukele transfigurándose, al peor estilo y formas de gobierno de Antonio Saca, en crecientes denuncias de corrupción, reciclados funcionarios reptando en su gobierno, y el “copy and paste” de infructuosos “Planes de Mano Dura” contra las pandillas.
A esto suma el protagonismo de una comunicación política basada en el abuso de ridículas imágenes de funcionarios civiles (ministro de seguridad y algunos alcaldes de NI) simulando escenas operativas en las que lucen armamento de guerra “en ristre”, solo para tirar imágenes que puedan saciar a los enjambres mediáticos que les acompañan, restando protagonismo a los verdaderos héroes policiales, todo en frenética competencia por ganar el “Oscar” al mejor montaje con insuperables detalles de maquillaje y efectos de luces. Existen fundamentadas dudas sobre la utilidad del Régimen de Excepción con fines de seguridad pública para enfrentar el fenómeno de las pandillas, considerando que ningún gobierno de la posguerra tuvo el poder político que concentra Bukele. Este gobierno tiene suficientes herramientas legales, institucionales y presupuestarias, y además de una amplia mayoría legislativa, Bukele se ha abrogado el control sobre la FGR, CSJ, PDDH, CCR, IAIP; por lo tanto, el problema central sigue siendo la ausencia de efectivas políticas públicas en materia de seguridad, estrategias y planes concretos para abordar de manera integral el fenómeno de violencia, superando los artificiales manejos mediáticos.
Con la justificación mediática de “#GuerraContraPandillas” y la suspensión de garantías constitucionales, imponiendo un Régimen de Excepción, Bukele no solo lanza una espesa cortina sino que se agencia más poderes para intentar contener y atajar la creciente efervescencia social y política derivada de desaciertos como el mal manejo de la pandemia, estancamiento económico, fracaso del tardío plan anticrisis incapaz de responder a la inflación, alto costo de la vida, falta de alimentos, alza en los servicios básicos, crecientes problemas del transporte público de pasajeros, agudización de la crisis de agua potable, incertidumbre sobre la reforma de pensiones, incapacidad para impulsar una reforma tributaria progresiva, inmanejable deuda externa, aislamiento internacional, descalabro del Bitcoin y sus fallidos bonos y el intento de controlar la UES. Ninguno de estos problemas puede resolverse al estilo bukeleano: con improvisaciones y escenografías.