Los diputados de la oposición cuestionaron al Ministerio de Hacienda por no haber elaborado un presupuesto extraordinaro que detalle cómo gastará los $2,000 millones del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por la pandemia de COVID-19.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa se reunió con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para analizar la incorporación de un préstamo de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al fondo de emergencia.

Hasta ahora, el Gobierno ha conseguido $659 millones en créditos con el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para la emergencia; sin embargo, la Asamblea Legislativa sigue sin ratificarlos aduciendo falta de transparencia del Ejecutivo.

 

Cuestionamientos

La diputada del FMLN, Yanci Urbina, pidió al titular de Hacienda presentar un presupuesto extraordinario para el uso de estos fondos, debido a que, a su juicio, los $2,000 millones constituyen un financiamiento adicional al presupuesto general de la nación de 2020.

“Si no se presenta un presupuesto extraordinario, entonces, estaríamos cayendo en dar una bolsita de $2,000 millones que se va a asignar a criterio propio y no es así”, aseguró la legisladora de izquierda.

La diputada Urbina citó el artículo 11 del decreto 608, que establece que “con los ingresos que se obtengan como producto de la colocación de los títulos valores de créditos y la contratación de emprésitos que se autorizan mediante el presente decreto, se formulará un presupuesto extraordinario para incorporar de forma específica” dichos fondos.

Al respecto, Fuentes respondió que no se ha elaborado un presupuesto extraordinario porque los fondos se incorporarán directamente al presupuesto 2020, al ramo de Hacienda.

El diputado de Arena, Donato Vaquerano, cuestionó además por los reclamos del sector privado en el comité del Fondo de Emergencia, que no ha podido diseñar un plan de gastos. Cinco organizaciones renunciaron ayer después de denunciar la autorización de transferencias e implementación de programas de transferencia de fondos y otros movimientos sin su consulta.

Fuentes respondió que “no se puede hablar de si el comité ha aprobado a bien los fondos si no se han recibido los $2,000 millones”.