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Siete organizaciones estudiosas de procesos constitucionales advierten que el Poder Ejecutivo está incumpliendo nuevamente el mandato de la Sala de lo Constitucional, al aprobar una reforma al decreto 32 luego de que este fuera declarado inconstitucional, y señala que "los ciudadanos no están obligados a acatarlo".

"El Ejecutivo ha excedido sus facultades por lo cual el decreto número 33 es nulo. La Sala de lo Constitucional debe certificar a la Fiscalía General de la República por el incumplimiento de sus sentencias y resoluciones, de manera que cese la actitud de desafío y evidente violación de nuestra ley fundamental por parte de los funcionarios del Ejecutivo", advierten en un comunicado divulgado la noche del sábado.

El comunicado es firmado por Acción Ciudadana (AC), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), el movimiento ciudadano Libertad, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social, la fundación Democrcia, Transparencia y Justicia (DTJ) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

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El viernes 7 de agosto, la Sala declaró inconstitucional el decreto 32 dejando sus efectos hasta el 23 de agosto por la crisis de la pandemia de covid-19. Argumentó que solo la Asamblea Legislativa puede limitar o suspender derechos fundamentales como la libertad de circulación y el derecho al trabajo.

Ante la resolución de la Sala, el Ministerio de Salud reformó el decreto 32, indicando que la fase de apertura económica 1 concluiría el 23 y ya no el 20 de agosto. La reforma fue realizada mediante decreto ejecutivo 33.

Por lo tanto, las organizaciones mencionadas señalan que en el decreto 33 el Ejecutivo vuelve a restringir derechos constitucionales de manera generalizada aunque la Sala intentó explicarle que la limitación y suspensión de los derechos "es algo que solo puede hacer la Asamblea Legislativa, nunca el Ejecutivo".

Actualmente la Sala únicamente ha dejado vigentes los efectos del decreto 32, según el cual la primera fase de reapertura económica concluye el 20 de agosto. La Sala de lo Constitucional exhorta a los poderes estatales a ponerse de acuerdo en manejar la pandemia de una forma integral, respetando los procesos de ley y no abusando de los vetos.