La Secretaría dejó de funcionar luego que Bukele suprimiera la entidad el pasado 2 de junio en una reunión de Consejo de Ministros.
El representante legal de Cristosal, David Morales, indicó que el registro nacional de víctimas funcionaba como un espacio de diálogo y era el único programa del Gobierno anterior que estaba intentando cumplir con los procesos de reparación a quienes sufrieron secuelas durante el conflicto armado a pesar que los recursos eran “limitados e insuficientes”.
Morales aseguró que desde que la Secretaría fue disuelta, las medidas que se estaban implementando están paralizadas y ya no están ejecutando el decreto 204 (aprobado en 2013 por el expresidente Mauricio Funes), que garantizaba el acceso a la educación, indemnizaciones, salud física y psicológica, entre otras.
Asimismo, Rolando Ayala, familiar de víctimas aseveró que solo están pidiendo reparaciones integrales y conocer quiénes son los responsables intelectuales de la masacre de El Calabozo.
Algunas de las medidas que se estaban cumpliendo eran el pago de $15 mensuales a víctimas de la guerra civil menores de 55 años de edad y de $50 mensual a mayores de la referida edad.