Este 16 de noviembre se cumplen 32 años del asesinato de los sacerdotes jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno; el jesuita salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras, Elba y Celina Ramos, y las autoridades de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA) advierten que sigue en la impunidad.
“Especialmente en el caso de los autores intelectuales, es decir, aquellos que organizaron y decidieron cometer ese asesinato. En ello estaban los ministros y viceministros de Defensa y el Estado Mayor, que es donde se tomó la decisión”, afirmó el rector, Andreu Oliva.
También dijo que las autoridades actuales “no tienen ningún interés en que haya justicia en el país y mucho menos que haya justicia por los hechos criminales cometidos en la guerra civil en la que estén involucrados militares”.
La Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años y cuatro meses de prisión por la masacre de la UCA.
Aquí ha sido imposible, se nos ha negado la justicia repetidamente y de manera, además, violatoria de nuestras propias leyes”. Andreu Oliva, rector de la UCA
Caso paralizado.
“El asunto está paralizado por el sistema judicial del país y por supuesto por todos aquellos que tienen influencia y no quieren que se haga nada al respecto”, dijo el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), José María Tojeira.
Recordó que denunciaron por prevaricato a dos de los tres jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema.