Al menos 351 familias denunciaron este miércoles, ante la Fiscalía General de la República, a desarrolladores parcelarios por el delito de estafa agravada acompañados de diputados de dos partidos políticos que sugirieron aumentar penas.

El director regional de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa), Alberto Velázquez, detalló que interpusieron 351 denuncias por estafa agravada, sumando 865 denuncias con respaldo de Cofoa desde 2021.

Cofoa invitó a 63 diputados de las diferentes fracciones. A la presentación de denuncias se presentaron los diputados de Arena, Francisco Lira, Ricardo Godoy y Rosa Romero, y la diputada de Vamos, Claudia Ortiz.

Las familias aseveran que pagaron sus escrituras hasta por 30 años pero aún no reciben escrituras de sus lotes. “Han incumplido por décadas la entrega de escrituras a las más de 7,500 familias” de Cofoa, reclamó Velásquez.

Diputados de Arena y Vamos acompañaron la presentación de las denuncias presentadas ante la FGR. / Francisco Valle.
Diputados de Arena y Vamos acompañaron la presentación de las denuncias presentadas ante la FGR. / Francisco Valle.



La diputada Rosa Romero, de Arena, anunció un análisis a la legislación penal para hacer una equiparación de las penas porque "no está actualizada" ya que la sanción está en colones. "La condena no hay que dejarla de dos a cinco años, sino que hay que volverla más grande”, dijo.

“Este problema es grave y está generando una injusticia importante en el país. Este problema es grande porque no afecta a pocas personas, afecta a un número importante, el número estimado en cifras oficiales son 350,000 familias”, dijo la diputada Ortiz.

Cofoa no descartó la movilización de más familias para marchas u otras actividades hasta que su problema sea atendido por las autoridades correspondientes.

La presentación de denuncias se realizó siete días después de que el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara una propuesta de reforma al Código Penal para intercalar un artículo del delito de “comercialización de lotificaciones irregulares” con una pena de prisión de 8 a 12 años.

El 5 de julio, también, el Viceministerio de Vivienda presentó una propuesta de Ley especial para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional.

Las presentaciones de ambos proyectos se dieron un día después de una discusión legislativa por la prórroga de 12 meses de la Ley especial transitoria para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional, para que los lotificadores completen su la legalización de inmuebles en el Centro Nacional de Registros (CNR). El plazo vencía el 8 de julio.

En esa sesión plenaria, la oposición criticó que una propuesta de Cofoa de una nueva ley, que incluía la indemnización a las familias afectadas, no logró votos de Nuevas Ideas.