La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la quincuagésima prórroga del régimen de excepción que mantiene suspendidas en El Salvador tres garantías constitucionales sobre el derecho de defensa, tiempo máximo de detención y la privacidad de las telecomunicaciones desde el 27 de marzo de 2022.
La prórroga fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) votó en contra y los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) estaban ausentes.
El régimen de excepción fue prorrogado por vez 50 el pasado miércoles 29 de abril, en ese entonces, el Gobierno reportaba 91,990 capturados, todos señalados de ser terroristas o pandilleros. Esa prórroga se vence el próximo sábado 30 de mayo de 2026.
Este miércoles, el Gobierno reiteró que “las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 92,300 terroristas», un aumento de 310 capturados en el último mes.
En la solicitud, el Ejecutivo pide mantener suspendidas las garantías mencionadas en el artículo 12, inciso segundo, 13 inciso segundo, y 24 de la Constitución de la República, ya que estas suspensiones “resultan ser necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad”.
El Gobierno argumentó que las pandillas todavía mantienen su «carácter transnacional de estas estructuras», ya que se han coordinado institucionalmente con autoridades de Estados Unidos y México para facilitar la «identificación, retorno y aprehensión de personas vinculadas a dichas estructuras». También, sostuvo que se han identificado sujetos que han «pretendido salir del país intentando evadir el control de las leyes».
La dispensa de trámites fue aprobada con los usuales 57 votos de Nuevas Ideas y diputados aliados, del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En el pleno, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, recordó la jornada sangrienta que vivió El Salvador del 25 al 27 de marzo marzo de 2027 cuando fueron asesinados 87 salvadoreños. Afirmó que la continuidad del régimen de excepción responde a la «necesidad de preservar la seguridad». Esta matanza según El Faro ocurrió debido a la ruptura de un pacto del Gobierno con las pandillas pero según el vicepresidente Félix Ulloa fue un hecho cometido por las pandillas apoyadas por “poderes fácticos” y “políticos del pasado” durante la visita de inversionistas en El Salvador.
«Antes pagaba renta todo mundo, vamos a seguir votando cuantas veces sea necesario», dijo, por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN.
Las cifras oficiales de violencia indican que los homicidios bajaron de 1,211 en 2021 a 615 en 2022, año en que inició el régimen; cifras que han disminuido a 194 en 2023, 114 en 2024 y 82 homicidios en 2025.
Sin embargo, para las organizaciones no gubernamentales, la aplicación del régimen de excepción ha dejado más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias pero también incluyen torturas y malos tratos. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) registra un total de 530 personas fallecidas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción.
