Con un nuevo reporte de cero homicidios en El Salvador, al concluir la jornada de viernes, el presidente Nayib Bukele le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que si “fuera un verdadero organismo de derechos humanos, estaría feliz de que en El Salvador se proteja tan fuertemente el derecho humano más importante: el derecho a la vida”.

Así el mandatario se refirió a un comunicado que más temprano había emitido la comisión, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que expresaba “preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales”, en torno al prolongado régimen de excepción que se estableció en marzo ante una ola de crímenes.


En su publicación la CIDH llamó al Gobierno salvadoreño “a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consonancia con los estándares interamericanos”.

La organización expresó su preocupación sobre las prórrogas del régimen de excepción aprobadas en la Asamblea Nacional que permiten la suspensión de derechos.

“Si bien el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas en su jurisdicción, debe hacerlo con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que es parte”.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos


La CIDH le dijo al gobierno salvadoreño que la suspensión de derechos y garantías constituye "una disposición para circunstancias extraordinarias y no un medio para enfrentar el crimen común", por lo que el Estado de El Salvador "debe asegurar que los regímenes de excepción cumplan los requisitos del artículo 27 de la Convención Americana", según ha detallado en un comunicado.

"Esto es, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado, y, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación y siempre que ello no sea incompatible con las demás obligaciones que les impone el Derecho Internacional y no conlleven discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social", agregó el organismo.

“En ese contexto, la CIDH ha conocido reiteradas denuncias sobre las detenciones realizadas en los últimos meses, indicando que, en muchos casos, se basan en "llamadas anónimas" o percepciones sobre la pertenencia a grupos criminales en razón de su apariencia o lugar de residencia”, dice el comunicado.


También resalta que según sus informes “muchos familiares continúan a día de hoy enfrentando desafíos para confirmar el paradero de sus entes detenidos". La Comisión dice ha sido informada sobre el uso desproporcionado de la fuerza en los operativos policiales, inclusive en contra de personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

Por ello hizo un llamamiento a que el Estado fundamente y acredite, en cada caso, la existencia de "indicios suficientes" que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria.

El 14 de octubre pasado la Asamblea Legislativa aprobó nueva extensión del Régimen de Excepción hasta el 17 de noviembre bajo el argumento de que ”la vigencia de las medidas extraordinarias resulta necesaria en este momento para continuar las actividades operativas de seguridad".

Al respecto, El Salvador justificó a la CIDH que en El Salvador se han registrado más de 116.000 muertes producto de la actividad criminal de las pandillas y de su ejercicio sistemático de la violencia, destacando los 87 homicidios perpetrados entre el 25 y 27 de marzo de 2022.

Desde que está aprobado el régimen de excepción, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, 57.007 personas han sido detenidas, de las cuales, al menos 47.983 están bajo prisión preventiva.