La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará $635,195.72 en medicamentos para las clínicas empresariales del Órgano Judicial que usarán durante el año 2025.

La oferta de compra fue publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros) con fecha 6 de enero de 2025.

La CSJ también adquirirá, para el año 2025, seguros de vida y hospitalarios para sus 15 magistrados por un costo de $120,000 con cobertura mundial, que cubre $100,000 de indemnización por muerte y gastos médico hospitalarios; también el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) adquirirá un seguro privado de vida y de salud por un costo de $500,000 para consejeros y personal de la institución.

Se realizará el mayor gasto en los siguientes medicamentos: Dexketoprofeno Trometamol 25 mg., Acebrofilina 5 mg./ml., Fosfomicina Trometamol 3 gr., Levocetirizina 5 mg, solución hipertónica de cloruro de sodio, dexketoprofeno-vitaminas neurotropas y vitamina D3.

El contrato deberá estar vigente hasta el 30 de mayo de 2025.

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Para la compra de los medicamentos, las empresas ofertantes deberán presentar las muestras de cada uno de los medicamentos solicitados a la Dirección de Compras Públicas Institucional de la CSJ, que exigirá una vigencia mínima de 18 meses para los medicamentos.

La Corte exigirá a las empresas, según la oferta, que les presenten constancias extendidas por el Comité de Farmacoterapia de hospitales de la red pública como Rosales, Bloom, Nacional de la Mujer, Psiquiátrico, Zacamil, San Rafael, entre otros. También podrán presentar constancias de hospitales privados.

En estas constancias los ofertantes deben detallar si el medicamento ha tenido una experiencia satisfactoria por lo menos durante un periodo continuo de 12 meses.

El Gobierno Central, que incluye los tres órganos de Estado, tiene programados $96.2 millones para financiar seguros, comisiones y gastos bancarios, monto que era $33.9 millones cuando el presupuesto fue aprobado un año atrás. La cuenta "556 Seguros, comisiones y gastos bancarios" no detalla cuánto se destina a seguros privados de vida y hospitalarios para los empleados y funcionarios del Estado.