“Estimados secretario Mayorkas y secretario Blinken, les instamos a rediseñar a Honduras y El Salvador para el Estatus de Protección Temporal (TPS)”, dicen los congresistas en la carta.
Según los delegados, no es seguro que los ciudadanos de ambos países sean devueltos en este momento, debido a los daños ambientales causados por sucesivos huracanes y catástrofes relacionadas al cambio climático; y por violaciones de derechos humanos y crisis políticas en cascada producto de la pandemia del covid-19.
Señalaron que tanto en El Salvador y Honduras se enfrentan desafíos por separado, pero igualmente devastadores. Los congresistas las califican de “realidades” que impiden que las personas que han huido regresen a salvo.
Además, citan que el litigio que continuó en el caso Ramos v. Nielsen dejaría a muchos en peligro y, cualquiera que sea su resultado, aún puede impedir que miles accedan a la protección que los “tepesianos” necesitan.
Una reasignación para El Salvador y Honduras protegería a los beneficiarios elegibles de los peligros que podrían enfrentar si fueran removidos y también permitiría apoyar a sus seres queridos, advirtieron.
Los congresistas indicaron que El Salvador y Honduras fueron afectados por tres severas catástrofes ambientales en los últimos años, mencionando que los huracanes Iota y Eta destruyeron viviendas, infraestructura pública, atención médica y aplastaron al sector agrícola.
Señalaron que en El Salvador más de una cuarta parte de la población vive en extrema pobreza y enfrentando mala salud o desnutrición, y en Honduras, un estimado de 2.6 millones de personas, casi un tercio de la población enfrenta una crisis de hambre a partir del 2022.
"Aunque podría decirse que estas condiciones por sí solas justifican una nueva designación del Estatus de Protección Temporal", señalan los congresistas.
Las crisis económicas y de derechos han exacerbado el impacto en la seguridad pública en El Salvador y Honduras, aunque ambos países enfrentan contextos situacionales únicos.