En un comunicado firmado por el presidente de Coopesa, el presbítero Juan Vicente Chopin, y el secretario, presbítero Rafael Ernesto Sánchez, la cooperativa hizo un “llamado” a todos los sacerdotes, pastores evangélicos, líderes religiosos y fieles que “se pronuncien enérgicamente para que el presidente de la república vete dicha Ley” y respaldaron la posición de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) que expresaron su “no rotundo” a la explotación minera.
Coopesa, una gremial de 600 sacerdotes de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, sostuvo en el escrito que los “diputados católicos no deben renunciar a su identidad cristiana”, por lo que podrían aplicar “la objeción de conciencia”.
La Ley General de Minería Metálica fue aprobada el 23 de diciembre de 2024. El decreto derogó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador que estuvo vigente durante siete años desde 2017.
En el comunicado, los sacerdotes recuerdan que el papa Francisco, ante el asesinato del ambientalista hondureño Juan López, pidió a las corporaciones mineras que dejen de contaminar ríos e intoxicar pueblos y alimentos.
El presidente de Coopesa expresó el jueves, en TVX, que los diputados podrían tener consecuencias canónicas con la aprobación de la Ley de Minería Metálica.
El gobierno defiende la minería metálica como una oportunidad para utilizar la riqueza “dada por Dios” que podría ser utilizadas para generar “miles de empleos” y financiar “infraestructura”, y mejorar el medio ambiente.
Silvio Aquino, consejero político de Nuevas Ideas, partido de gobierno, sostuvo el 2 de enero, que el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia indica que “las actividades económicas, como la minería, deben estar al servicio del hombre y del bien común”. “En ningún momento se prohíbe en su totalidad”.