La Corte de Cuentas de la República de El Salvador “no cumplió con los estándares internacionales de independencia” según el Reporte sobre Transparencia Fiscal 2023 publicado ayer por la Oficina de Asuntos Macroconómicos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El informe 2023, que revisa el periodo de enero a diciembre de 2022, indica que 72 países cumplieron los requisitos mínimos y 69, no. El Salvador está entre los países que no cumplieron los requisitos de transparencia fiscal y se coloca en el subgrupo de países sin procesos significativos para avanzar en ello.

El informe anual del gobierno es exigido por el Congreso de Estados Unidos para identificar deficiencias y respaldar cambios necesarios en 141 países elegibles de asistencia exterior de dicha nación.

Entre los países que cumplieron los requisitos mínimos de transparencia fiscal están Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, entre otros.

Son los que se financian con recursos públicos pero mantienen o deberían de mantener una contabilidad aparte visible al público”.
Investigador en materia económica

Extrapresupuestario y sin auditar.

La oficina estadounidense señala que el gobierno de El Salvador “mantuvo cuentas extrapresupuestarias que no fueron auditadas”.

De acuerdo a un investigador, las cuentas extrapresupuestarias son aquellas que se financian con recursos públicos pero que mantienen una contabilidad separada y debería ser visible al público. Un ejemplo es el Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), en donde se conoce la transferencia pero se desconocen detalles de los gastos.

“Habría que indagar o profundizar qué son” esas cuentas extrapresupuestarias y por qué se han separado del presupuesto general de la nación, así como “exigir una rendición de cuentas”, cuestionó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, que realiza investigaciones sobre transparencia.

Parte de lo relevante del informe es la labor de la Corte de Cuentas, que está siendo calificada como no independiente por parte de EEUU”.
Eduardo Escobar
Director de Acción Ciudadana

Auditorías sin publicación oportuna.

El informe Transparencia Fiscal 2023 advierte que la entidad fiscalizadora superior, es decir, la Corte de Cuentas de la República (CCR), “no publicó informes de auditoría oportunos que cubrieran la totalidad del presupuesto anual ejecutado”.

El reporte señaló que la transparencia fiscal de El Salvador mejoraría si asegura que “la entidad fiscalizadora superior” cumpla con “los estándares internacionales de independencia” y publique “auditorías” a todo el presupuesto anual.

“Se suma a algunos señalamientos que se han hecho de que la Corte de Cuentas ya no informó nada de las auditorías que realizó al manejo de fondos en la pandemia”, dijo Escobar, en referencia a auditorías en la construcción del Hospital El Salvador.

El informe de Estados Unidos también señaló que el gobierno sí “publicó en línea su presupuesto aprobado” pero advirtió que “no publicó su propuesta de presupuesto dentro de un periodo razonable”. También, observó que la información sobre deuda fue accesible e informes de ingresos y gastos con una imagen “sustancialmente completa”.

El informe es presentado al Congreso en cumplimiento con la Sección 7031 de la Ley de asignaciones de programas relacionados y operaciones extranjeras del Departamento de Estado de 2023.

Los requisitos mínimos de transparencia fiscal

El Informe de Transparencia Fiscal es emitido por la Oficina de Macroeconomía del Departamento de Estado de Estados Unidos por mandato de ley del Congreso.

1.- Presupuestos en público
Los presupuestos deben ser publicados en un plazo razonable, un mes antes del año y antes de la aprobación del presupuesto.

2.- Completos y confiables
Los documentos presupuestarios deben ser completos y confiables y disponibles en línea, ingresos y gastos reales.

3.- Fiscalización y publicación
La entidad fiscalizadora debe auditar estados financieros anuales del gobierno y publicar auditorías en 12 meses al menos.

4.- El objetivo de la evaluación
La evaluación busca garantizar que fondos de los contribuyentes de los EE.UU. se usan adecuadamente y no evalúa la corrupción.