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Rubio también certificó que el gobierno salvadoreño implementa políticas para fortalecer la independencia de las “instituciones judiciales y electorales” y la “mejora de la transparencia del financiamiento de campañas políticas y partidos políticos”.
El alto funcionario de Trump también consideró que en El Salvador se está dando una aplicación eficaz de ley en seguridad y que se está limitando la participando de las fuerzas armadas en la seguridad pública con garantías al “proceso legal”.
También, certificó, según la publicación, que se implementan programas contra la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, se implementan políticas contra la pobreza, reformas para fortalecer a educación. El gobierno de EE.UU. también emitió una certificación similar a favor de Guatemala.
Estados Unidos también certificó que el gobierno coopera para combatir el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, y en la repatriación de migrantes, y en políticas de inversión.
“Esta certificación se publicará en el Registro Federal y, junto con el Memorándum de Justificación correspondiente, se notificará al Congreso”, indica la certificación suscrita por Rubio el 25 de marzo.
La certificación se realiza por mandato de ley, específicamente de la Sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024. La declaración fue publicada por el Registro Federal el pasado miércoles 2 de abril, en el volumen 90 número 62.
La sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el año fiscal 2024 establece condiciones para la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Según esa normativa, de los fondos habilitados para ayuda económica y bajo el título IV de la ley, el 60 % de fondos están condicionados para El Salvador, Guatemala y Honduras a una certificación otorgada por el secretario de Estado y reportada al Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos.
En El Salvador, organizaciones no gubernamentales y movimientos como Cristosal, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) reportaron recientemente 6,889 denuncias de violaciones derechos humanos durante el régimen de excepción, entre los cuales incluyen torturas y casi 400 muertes en centros penitenciarios.
Según el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) ha registrado 58 sindicatos desarticulados, 75 sindicalistas despedidos desde junio de 2024 y sindicalistas capturados.
El gobierno de Estados Unidos suspendió desde el 20 de enero de 2025 la ayuda canalizada mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Sin embargo, durante el año 2025, hasta el 7 de marzo de 2025, la USAID presenta $65,561,037 de obligaciones con El Salvador y $41,626,764 desembolsos.