El arresto del exministro de la Defensa, general José Guillermo García, y del exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, el 14 de octubre, por el asesinato de cuatro periodistas holandeses, fue rechazado ayer según un comunicado público por la XLII Promoción de la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios”, en donde esta pide al Alto Mando de la Fuerza Armada y al fiscal general iniciar investigaciones por el delito de fraude procesal a la Constitución de la República, al derogar “de forma arbitraria” la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz. En el comunicado, mencionan que el artículo 87 de la Constitución “reconoce el derecho del pueblo a la insurección”.
Desde el momento en que iban con un grupo de subversivos (los periodistas)...Enfrentamiento o emboscada es una acción ilícita”. José Luis Alvarado, coronel, presidente del Instituto de Derecho Militar
En el comunicado, aseguran que hay “parcialidad” en las investigaciones fiscales ya que “solo apuntan a miembros de la Fuerza Armada” y se está dando una “persecución ilegal de todos los valientes soldados salvadoreños en situación de retiro”.
Así mismo, sobre las investigaciones de autoría intelectual de la masacre contra los sacerdotes jesuitas y sus trabajadoras aseguró que “no se ha podido probar nada más que conjeturas”.
“Acción militar”.
Dos miembros del Instituto de Derecho Militar rechazaron la investigación del asesinato de los periodistas, los señalaron de haber cometido “perfidia” y así calificaron el hecho ocurrido en 1982 como una acción militar lícita según el derecho internacional.“El sobreviviente era el encargado de seguridad de los periodistas... Él fue el primero que salió corriendo. Otro señor que es un periodista holandés... Él prestó el vehículo en que los trasladaban y, al prestar un vehículo de prensa para conducir a miembros del FMLN, eso en derecho internacional se llama perfidia porque están vulnerando cierto protocolos... Fue enfrentamiento o emboscada, es una acción militar lícita según el derecho internacional, al final son meras presunciones”, dijo el presidente del Instituto, coronel y abogado José Luis Alvarado, en el programa Diálogo con Ernesto López de Canal 21.
Según los integrantes del Instituto, los militares tienen fuero y se ponen a la orden de una unidad especial.
El coronel y abogado José Luis Alvarado, presidente del Instituto de Derecho Militar, aseguró que la derogatoria de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en 2016 fue “un complot creado desde los gobiernos del FMLN en contra de la institución armada con fines mercantilistas y con fines de venganza”. Opinó que la Sala no tenía facultades ni para dictaminar una sentencia y que los miembros de Sala tenían una tendencia ideológica “de todos conocida”. Añadió que “el informe de la Comisión de la Verdad es totalmente parcializado”.
¿Qué pensarían si ven en la calle a un anciano de 90, 91 años con esposas a la bartolina?, aunque haya sido militar, es un ser humano”. Fernán Camilo Álvarez, secretario del Instituto de Derecho Militar
La Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz fue aprobada el 22 de marzo de 1993, siete días después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, con el objetivo de otorgar una amnistía “amplia, absoluta e incondicional” por delito políticos, comunes y conexos durante la guerra.
Esta fue declarada inconstitucional el 13 de julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional, reviviendo la Ley de Reconciliación Nacional, que amnistiaba delitos durante la guerra pero con excepciones.