En el marco de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) exigió al gobierno la no aplicación de la minería en El Salvador, aunque la nueva ley ya fue sancionada y publicada en el Diario Oficial. Unas 200 personas participaron en la manifestación.
En ese sentido, el presidente de Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), Ricardo Navarro, indicó que con la explotación minera "va a haber que desplazar miles de personas o habrá que deforestar hectáreas de terreno".
"(Bukele) tendrá que tomar la decisión, o le da agua a la industria del oro o le da agua a medio millón de personas y agua que va contaminar la industria del oro, que la va a regresar después y va a terminar en el río Lempa del cual dependemos más de 2 millones de personas".
Ricardo Navarro, presidente de Cesta.
Navarro exhortó al mandatario salvadoreño "a reflexionar" sobre las consecuencias que negativas que traería al país la explotación minera.
Por otro lado, Ivania Cruz, miembro de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidech), aseguró que los cuerpos de seguridad están jugando un rol "represivo" como en años anteriores. Cruz aseguró luego de 33 años de los Acuerdos de Paz hay "un retroceso total".
"Denunciamos como Unidech la violación de derechos humanos en todos sus contextos. En las comunidades con amenaza de desalojo, en los despidos injustificados, en la persecución política, en las víctimas del régimen de excepción y ahora con esta nueva ley, de no a la minería tenemos después de 33 años un retroceso total".
Ivania Cruz, miembro de Unidech.
Cruz también hizo un llamado a la comunidad internacional "a defender esa conquista de los instrumentos internacionales que El Salvador ha ratificado" y aseguró que no quieren "más delitos de lesa humanidad y las muertes" en el marco del régimen de excepción.
Organizaciones también pidieron la liberación de José Santos Melara, directivo de la Alianza El Salvador en Paz, quien fue capturado en junio. Además, familiares pidieron la liberación de inocentes capturados en el marco del Régimen de Excepción.
Los asistentes portaban carteles en rechazo a los despidos de empleados públicos por el recorte de plazas en instituciones del gobierno, así como mostraron su descontento por la diminución de presupuesto en ramas de educación y salud.