El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamerica José Simeón Cañas (Idhuca) pidió a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo a “descartar cualquier intención de reforma, derogación o implementación de leyes paralelas” que contradigan la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

En un comunicado emitido esta tarde, junto a 53 organizaciones, ven que la celebración de seis años de la normativa “se ve opacada” por las “señales de reactivación de proyectos mineros”.

Las organizaciones aseguran que los indicios son la reciente aprobación de la Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, que incluye la explotación de minerales; la incorporación de El Salvador a un foro de países que promueven la minería sostenible y la inclusión de $4.5 millones en el presupuesto 2023 para actualizar la ley de prohibición de la minería metálica.

El artículo 2 prohíbe exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto y subterráneo, el uso de químicos tóxicos como el cianuro y mercurio, en cualquier proceso de minería metálica.