En un editorial publicado el jueves el medio salvadoreño sostuvo que han enfrentado campañas desde Casa Presidencial, seguimientos, amenazas, espionajes, acoso a anunciantes, difamaciones y múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda con “acusaciones fabricadas” a las que continúan apelando en instancias administrativas y judiciales.
El Faro menciona que la criminalización del periodismo es usada en los gobiernos de la región ya que en Guatemala una docena de periodistas enfrentan procesos judiciales y el presidente de elPeriódico fue encarcelado y en Nicaragua la dictadura de Ortega cerró los medios de comunicación críticos.
El medio de comunicación aclaró que la redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador “menos vulnerables a las arbitrariedades del régimen”. “Nos vamos para quedarnos”, expresó, señalando que serán también “un periódico centroamericano”.
El cambio de El Faro generó críticas entre los funcionarios de Nuevas Ideas, el partido oficial en El Salvador.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, preguntó a sus seguidores en Twitter: “¿Cuál cree que es la verdadera razón porque El Faro lleva su contabilidad a otro país? No hay libertad de prensa. Quieren ocultar negocios”.
Walter Araujo aseguró en la entrevista “Las cosas como son” dijo que pretenden “seguir recibiendo ilegalmente financiamiento del grupo Soros y no declarar impuestos”.
La mudanza también generó apoyo de otros sectores. El abogado José Marinero, quien recientemente cerró la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), aseguró que “el periodismo como la sociedad civil encontrará las maneras de seguir resistiendo aunque toque cambiarse de casa”.
La organización WOLA aseguró que “es un grave ejemplo cómo gobiernos autoritarios atentan contra libertades y derechos ciudadanos, @nayibbukele debe acabar con criminalización de periodismo y todas las prácticas antidemocráticas intensificadas con estado de excepción”.
La periodista Patricia Janiot aseguró que es “una decisión importante para sobrevivir”. El investigador José Miguel Cruz aseguró que es “el indicador más claro de la instalación del autoritarismo y la arbitrariedad en El Salvador”. También, Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), lo calificó de “otra señal de la debacle de las democracias centroamericanas”.