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La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, aseguró que los menores que ya han sido sometidos a "abusos aberrantes" en los centros de detención juvenil "enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles de adultos".
Para Goebertus, los menores "bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí" y aseveró que su permanencia en cárceles de adultos "no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación".
“Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Right Watch.
Human Rights Watch asegura que ha documentado que más de 3,000 menores han sido detenidos en el marco del régimen de excepción, mientras que hasta febrero de 2024, se estima que 1,065 han sido condenados, en su mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas.
La organización internacional asegura que también ha documentados que los reclusos de las cárceles salvadoreñas "permanecen completamente incomunicados y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa".
Por su parte, Cristosal aseveró a Diario El Mundo que esta reformaa a la Ley Penal Juvenil para permitir que los menores permanezcan en cárceles de adultos violan tratados internacionales suscritos por El Salvador, pero el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha asegurado que han sido "muy respetuosos" de la Constitución de la República y de los tratados internacionales.
Las reformas a la Ley Penal Juvenil entraron en vigencia este sábado 22 de febrero para permitir que los menores procesados o condenados por crimen organizado sean recluidos en centros penales de adultos, pero separados en pabellones. Cristosal ha advertido que los menores podrían sufrir agresiones físicas y sexuales.