El 16 de marzo recién pasado, el gobierno salvadoreño publicó la deportación de al menos 261 personas provenientes de Estados Unidos que fueron trasladadas al sistema penitenciario salvadoreño e internadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El gobierno de Donald Trump ha señalado que 238 de estos deportados son miembros del Tren de Aragua, declarada como organización terrorista el primer día de su gobierno, aunque ha dicho que deportó a 111 de ellos bajo la norma migratoria Título 8.
Cristosal relató ayer que solicitó información a la DGCP sobre: "La cantidad exacta de las personas venezolanas que fueron deportadas a El Salvador desde EE.UU que se trasladaron al CECOT, el listado con sus nombres, cuántas tenían una condena previa en Estados Unidos, y quiénes están vinculadas a la pandilla denominada Tren de Aragua”.
Sin embargo, cuenta que, el 27 de marzo, la DGCP resolvió denegar el acceso a la información solicitada, argumentando que “se trata de datos personales (confidenciales) y porque se ha establecido una reserva en virtud del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en sus literales b, d, f y g; relativos a información sobre la defensa nacional, la seguridad pública, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso”.
La organización no gubernamental consideró que "las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos" sobre la deportación y el ocultamiento de datos "ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales" viola el derecho internacional de los Derechos Humanos y "pueden constituirse como detenciones secretas y generar condiciones para la desaparición forzada de personas sometidas a custodia de ambos Estados”.
En su análisis jurídico, Cristosal recalcó que el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada establece que ninguna persona será detenida en secreto y que norma obligaciones estatales para prevenir que las personas en custodia de autoridades penitenciarias sean víctimas de desaparición forzada.
También, advirtió que las personas sometidas a custodia del Estado tienen derecho a comunicarse con sus familiares, abogados o cualquier persona de su elección, así como a recibir visitas. "Lo anterior presupone que los Estados deben mantener registros públicos oficiales de las personas detenidas y ponerlos a disposición de las distintas entidades y autoridades que puedan tener interés en la identificación de personas que pueden ser víctimas de desaparición forzada", señaló.
La organización citó que el artículo 20 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada reconoce que el acceso a la información sobre personas en custodia del Estado solo puede restringirse bajo supervisión judicial y por causas excepcionales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece, en el artículo 7, que la deportación o traslado forzoso y la desaparición forzada son delitos de lesa humanidad que habilitan la competencia de la Corte.
El gobierno salvadoreño llegó a un acuerdo con la administración Trump para recibir criminales extranjeros de los Estados Unidos, recluyéndolos en el CECOT, a cambio de una tarifa que asegura podrá sostener parte del costo del sistema penitenciario salvadoreño. Por los 238 venezolanos, EE.UU. pagaría $6 millones anuales. La reclusión es por un año renovable.