La última semana ha sido de muchos signos de interrogación sobre ¿quién pago el viaje del Director de Centros Penales y su acompañante en un avión privado de lujo?; la pregunta es sin duda más que válida ya que el derecho a saber permite a los ciudadanos consultar sobre todo lo que hacen sus funcionarios y, sobre todo, preguntar de dónde viene el financiamiento de sus actividades.

El hecho que el ejecutivo asegure que el viaje no costó un centavo de dinero público es bueno, porque no creo que el erario esté para esos gastos; sin embargo, no solo se trata de que sea un gasto hecho con dinero público ya que los intereses privados y públicos tienen límites y responsabilidades que lindan con lo ético y con posibles hechos de corrupción. El defender un viaje con dinero o apoyo de “amigos” invisibles no conviene, ya lo vimos en el pasado, cuando el expresidente Funes apareció junto a su exesposa e hijo en Disney, a bordo de un lujoso jet igual al utilizado por el Director Osiris Luna; aviones de uso regular para estrellas de cine, cantantes o millonarios que pueden costear más de $5,000 por hora de vuelo + hospedaje de tripulación o, según el caso, aviones usados por grandes empresas con intereses millonarios en compras de gobierno, adjudicación de contratos, proyectos, asocios o apoyos electorales, no olvidemos que almuerzo gratis no existe.

Si una compañía tiene interés en un contrato para Centros Penales, ya sea de construcción, de equipo militar, armas o lo que fuere, comete delito al apoyar a su futuro cliente con estas prebendas que son consideradas o pueden ser consideradas como un soborno, porque el beneficio de este excede la relación contractual y no es de beneficio para la población; por tanto, debe conocerse quiénes o quién regaló el viaje, proveyó el transporte o le dio ese soporte (llámelo como quiera) al Sr. Luna.

Nadie puede acusarlo aún de nada, pero el hecho de guardar silencio y no responder oficialmente la pregunta, lo hace al menos culpable de faltar al compromiso de transparencia y a la ley de acceso a la información pública, pero sobre todo lo convierte en más de aquella vieja política de beneficiarse del cargo para fines personales aún y cuando pueda estar haciendo su trabajo de forma excelente. Cuando se justifica, bajo este parámetro como también lo ha hecho la jefe de gabinete en entrevista televisiva el martes por la mañana, regresamos a los tiempos de Conciliación (coincidentemente tomó posesión el PCN de la presidencia de la Asamblea Legislativa) cuando se decía popularmente: “No importa que roben, siempre y cuando hagan la obra”, ya vemos cuánto hasta este día nos ha costado el conformismo miope o el apego partidario, por lo menos en las últimas dos décadas una deuda de $20,000 millones que pagarán las próximas generaciones sin gozar hoy de beneficios reales o más tangibles. Eso sí, no voy a desmeritar el trabajo del señor Luna que ha demostrado puede poner orden en penales y controlar mucho mejor la situación, pero eso no lo hace blindado a la exigencia ciudadana de más transparencia, más austeridad y más resultados que demuestren que las cosas son diferentes, ni lo eximen de la responsabilidad de responder preguntas de los ciudadanos.

Un funcionario público, lo hemos dicho antes, no es solo un servidor de todos, es un referente cultural para todos, es un líder en cargo de imitación o de consolidación de conceptos; su responsabilidad incluye todo lo que hace, lo que no hace y lo que parece que hace; por tanto, el viaje en avión de lujo en condiciones secretas y con protección del más alto nivel, perjudica el propósito de una nueva administración pública, honesta, cercana y más consciente de su verdadero rol al servicio del país; por tanto, la pregunta debe responderse. ¿Quién pagó el viaje de Osiris Luna?