“La gravísima situación de inseguridad en el país ha obligado al Ejecutivo a impulsar una declaratoria de emergencia en siete centros penales, que implica la suspensión de todo tipo de visitas a los reclusos, militarizar sus perímetros, fortalecer su custodia con personal capacitado y ejecutar allanamientos en alrededores, a tono con dos grandes propósitos: reducir la criminalidad y desbaratar las redes de extorsión. El problema surge cuando a la par de esos tardíos, pero buenos propósitos, se escuchan cosas preocupantes como que el presidente de la República esté convocando a mil reservistas para cumplir “funciones especiales”.
En eso hay que tener muchísimo cuidado, porque implicaría dar un paso gigantesco –pero en falso– en dirección a la militarización de la seguridad pública, uno de los detonantes principales de la pasada guerra. La PNC es el único cuerpo policial, con competencia nacional en materia de seguridad pública. Si bien es cierto la Constitución faculta al presidente para disponer de la F. A. de manera excepcional, en caso de haberse agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, la experiencia indica que la tal excepcionalidad se viene alargando por años, ya que los gobiernos anteriores no fortalecieron la PNC como debió hacerse, no obstante que el Acuerdo de Paz la perfiló como un cuerpo profesional y totalmente ajeno a la Fuerza Armada, tanto así, que sus mandos deben ser civiles. La propia naturaleza de la corporación policial exige que su personal reciba una capacitación absolutamente diferente a la formación que recibe un soldado, cuya misión es igualmente distinta.
Nadie debería olvidar jamás el rol desempeñado en el pasado por los antiguos “cuerpos de seguridad” (Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda), cuyos mandos 100 % militares cohonestaron con los gobiernos de turno en las gravísimas actividades de todos conocidas, violando de manera sistemática los derechos humanos”. (https://elmundo.sv/la-militarizacion-de-la-seguridad-publica/)
¿Quién era el presidente en aquellos momentos? Sánchez Cerén, un guerrillero que pensaba llamar a mil reservistas para contener por la vía militar lo que fracasó en erradicar por la vía policial.
¿Quién es el presidente que hoy convoca a mil reservistas? Bukele Ortez, alguien que piensa igualito que su antecesor y que, al paso que lleva, a lo mejor tendrá que militarizar los 262 municipios del país, junto a sus cantones y caseríos, porque –lo queramos ver o no– en cada uno de ellos cohabitan delincuentes pandilleros y gente honesta a la que amedrentan, extorsionan, secuestran y matan.
A mediados de la semana pasada el fiscal general, Raúl Melara, expresaba en su cuenta de Twitter: “Cada día estamos recibiendo nuevos avisos sobre personas desaparecidas. No escatimaremos esfuerzos para dar con su paradero”. Con sobrada razón, Melara habla así pues el promedio de desparecidos es de aproximadamente 10 jóvenes diarios.
En términos de “estrategias de seguridad”, cada día se parecen más Sánchez Cerén y Bukele Ortez.
Uno, luciendo más perdido que Adán en el día de la madre. El otro, reeditando refritos equivocados y exhibiendo una supina ineptitud para utilizar todo su poder, influencia, autoridad y capacidad de negociación para fortalecer al Ente Fiscal y a la Corporación Policial.
Ambos se decantaron por lo fácil: llamar a 1000 reservistas y olvidarse que el problema con las pandillas, las extorsiones y los desaparecidos responde a las graves falencias en materia de inteligencia policial, organización ciudadana y un enfoque correcto de “Política criminal de Estado”.
Militarizar más la seguridad pública en nada abonará a solucionar la grave problemática de inseguridad generalizada en El Salvador.