Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa reformó esta noche la Ley Orgánica de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de ampliar las facultades a la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República de realizar traslados y de depurar a los funcionarios judiciales de 60 años o más.
Algunos de los jueces afectados en esta reforma son Jorge Alberto Guzmán Urquilla, juez de caso El Mozote, quien tiene 62 años; y Roberto Antonio Arévalo Ortuño, juez sexto de instrucción, quien tiene 66 años.
La reforma agrega a la ley actual que los miembros de la carrera judicial "podrán ser trasladados sin que medie acuerdo del pleno de la Corte Suprema de Justicia", según el literal f del artículo 6.
Dicho artículo es reformado para que la CSJ pueda "ordenar traslados por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la necesidad en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten".
Como disposición transitoria, el decreto ordena que los "magistrados de cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz" que a la vigencia del decreto "tuvieren la edad de 60 años o más cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones en la sede judicial en que se encontraren".
La reforma faculta a la CSJ de hacer "traslados y nombramientos" que considere "necesarios e indispensables en las sedes que quedaren vacantes".
Depuración de mayores de 60 y traslados en Fiscalía
Una reforma similar fue aprobada a la Ley Orgánica de la FGR, para que el fiscal general "por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la complejidad y especialidad de los asuntos que se traten en una determinada unidad organizativa podrá ordenar mediante acuerdo el traslado temporal o permanente de los miembros de la carrera fiscal".
La reforma le pone fin a la carrera fiscal cuando las personas cumplan 60 años, sin que la regla aplique al fiscal adjunto, al auditor fiscal y al secretario general.
Sí busca controlar cualquier indicio de corrupción dentro de la institución. Hoy en día al fiscal general de la República se le dificulta un poco tomar esta decisión. Guillermo Gallegos, diputado de Gana.
Ambas reformas fueron rechazas por organizaciones y por la oposición.
Marjorie de Trigueros, directora de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), dijo que este es un segundo golpe contra la independencia judicial.
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial aprobadas por la Asamblea Legislativa son un instrumento para controlar políticamente a los jueces y magistrados de segunda instancia y anular su independencia. Marjorie de Trigueros, directora de Estudios Legales de Fusades.
