Nos hemos hecho a la idea de que “la tregua” fue la ocasión y el período durante el cual las pandillas se fortalecieron y organizaron. Algo de verdad hay en ello, pero no fue lo principal ni lo primero. Se escucha también decir con frecuencia, que la mano dura (julio 2003), la mano super dura (agosto 2004) y la guerra a las pandillas (2015, 2016), no han resultado eficaces por faltarles más fuerza…
Al consultar la investigación se sorprenderá de saber que esas políticas, lejos de reducir la violencia han contribuido a aumentarla. En 2003 hubo 2,270 homicidios, en 2014 hubo 3,921, y en 2017 llegaron a 3,947, es decir, 189, 327 y 329 por mes, respectivamente. En 2014 hubo 256 enfrentamientos armados; 6 policías, 1 militar y 103 presuntos pandilleros resultaron muertos; en 2017 hubo 536 enfrentamientos y resultaron 46 policías, 23 militares y 413 presuntos pandilleros muertos. El número de efectivos militares en tareas de seguridad pública aumentó de 897 en 2006, a 11,200 en 2014; el gasto militar también, naturalmente: de $211 millones en 2004 a $255 en 2013, equivalente a la suma de los presupuestos de los ministerios de trabajo, economía, agricultura, medio ambiente y turismo, más la FGR y las dos procuradurías.
Durante el foro conmemorativo del 35 Aniversario de la Constitución (diciembre 2018), organizado por la Sala de lo Constitucional, uno de sus magistrados, de larga experiencia en tribunales de sentencia, dijo algo que me dejó profundamente impactado: “Debemos poner de moda nuevamente en el Órgano Judicial el principio de inocencia”. Esa expresión señala una desviación inmensurable del sentido de la justicia en El Salvador. ¿Cómo se explica semejante cosa? La investigación señala que, producto de las reformas a la legislación penal y carcelaria, el derecho penal (instrumento de limitación del poder penal del Estado) ha mutado en derecho penal del enemigo, en tanto que el sistema penitenciario opera bajo dos lógicas: la de rehabilitación, del Programa Yo Cambio, y la que se aplica a los pandilleros, orientada estrictamente al castigo.
En lógica represiva, se dirá que esto ocurre en respuesta al fortalecimiento y agresividad cada vez mayor de las pandillas. Si esto es así, lo que vemos es una escalada de violencia y guerra. ¿Hasta dónde llegaremos?
Paradójicamente, esa escalada ocurre junto a avances importantes. El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha sido un excelente espacio de discusión y confluencia social y ha producido muy buenos análisis y propuestas. El Plan El Salvador Seguro es integral y coherente incluso en clave de Derechos Humanos (lamentablemente impulsado de manera parcial e incongruente). También debe mencionarse el ya citado y exitoso programa Yo Cambio.
Dicho esto, es obvio que el subsistema de administración de justicia penal se encuentra sobrepasado y no parece tener la capacidad necesaria para enfrentar una situación en la que confluyen tres tipos de delincuencia, cada una de diferente origen y naturaleza: la común y la organizada –de las que se habla muy poco– y la de pandillas, a la que se le atribuye todo. Y es que el derecho penal no está diseñado para abordar un fenómeno antropológico, social, comunitario, masivo, no puramente delincuencial, de seguridad pública, como erróneamente se considera y aborda el de las pandillas. Es necesario detenernos y revisar lo sucedido, y para eso sirve muchísimo la investigación que comentamos.
Necesitamos abrir nuestras mentes en búsqueda de nuevos paradigmas. Revisemos las experiencias de Medellín, Bogotá, Cali, en Colombia; la reconciliación en Ruanda; la superación del apartheid en Sudáfrica. Estudiemos la justicia transicional y la justicia restaurativa. Seguramente en ellas encontraremos mejores métodos e instrumentos para abordar nuestros problemas. He aquí otra inmensa y fundamental tarea para el Gobierno que en semanas se inicia.