El TSE no ha logrado auditar a fondo a los partidos políticos. / DEM


El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Luis Guillermo Wellman, aseguró que el ente colegiado está buscando endurecer su auditoría a partidos políticos, pero necesitará mayor financiamiento para instalar una unidad especializada.

“Uno de los objetivos del ente colegiado es crear una Unidad de Fiscalización de Partidos en este quinquenio (...) el gran problema de todo esto son los recursos”, manifestó el magistrado ayer, durante la presentación del estudio Financiamiento Político 2018, de Acción Ciudadana.

Para Wellman, es necesario reformar la Ley de Partidos Políticos para fiscalizar no solo a las instituciones, sino a los donantes de campañas de candidatos a través de financiamiento directo, que actualmente no es declarada por los partidos.

“La Unidad tendría que ser el ente contralor de cómo se obtienen los fondos. Hasta ahora se ha tratado de fiscalizar pero es superficial”, aseguró. El próximo año se hará la proyección de gastos.

La Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, está incluida en un paquete de reformas solicitada por Acción Ciudadana. La organización pidió una reforma al artículo 67 del Código Electoral, para crear por ley, una unidad fiscalizadora dentro del TSE que examine los movimientos financieros de los partidos políticos y de los candidatos independientes.

Esta reforma permitiría que todos estén bajo el escrutinio del ente electoral y la población, pero además de la Fiscalía, para que pueda recibir información de financiamiento de actividades ilícitas.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró que los partidos han avanzado en la transparencia de sus ingresos y gastos; sin embargo, aún persisten retos en el control del financiamiento.

“Desde el Estado hay una débil fiscalización, porque sólo el Tribunal realiza una leve revisión de los datos pero no la realidad” de los gastos, inversiones y origen de financistas, consideró.

Asimismo, Escobar señaló que la Corte de Cuentas de la República (CCR) “tampoco ha venido realizando este rol de fiscalizador de la deuda política”, que en 2018 superó los $13 millones.