El rastro que deja el estudio de la iniciativa de ley del presupuesto para el ejercicio financiero fiscal de 2020 es revelador para descifrar el errático y desconocido rumbo del gobierno del presidente Bukele. El Presupuesto General del Estado es el instrumento para hacer efectivo el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo del país, y satisfacer las necesidades –en primer lugar- de los sectores marginados, excluidos de los beneficios del progreso.

El Presupuesto presentado es una tortuosa huella sin rumbo, teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros no ha elaborado el “Plan General de Gobierno”, tal como lo establece el art. 167 de la Constitución. Este instrumento debiera incluir todos los proyectos y planes a ejecutar por este gobierno, en el contexto, límites y obligaciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Habría sido muy útil una transición adecuada.

El Presupuesto presentado no es coherente con las Bases de Política Fiscal 2019-2024, publicadas por el Ejecutivo recientemente, y que obligan a reducir la deuda externa; por el contrario, la incrementa al incluir $960 millones de nuevas obligaciones. Actualmente, la deuda representa el 69.4 % del PIB y se incrementará al 70.7 % solo en este primer año de gestión, hecho contradictorio con el engañoso lema esgrimido en campaña: “El dinero alcanza cuando nadie roba”.

Las Bases de Política Fiscal presentadas por el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, proponen metas ambiciosas para superar el bajo crecimiento económico y generar más empleo; sin embargo, el Presupuesto presentado recorta el financiamiento de importantes carteras responsables de alcanzar ese crecimiento: MAG -5 %; Minec -10 %; Mitur -6.4 %; Conamype -8.5 %. En tanto, de manera injustificada incrementan el presupuesto de los ministerios de Defensa 26.7%; y Gobernación 15.1 %; este último -es más que evidente- lanzado al trabajo territorial en el contexto de una campaña electoral anticipada.

En el área social, el Presupuesto incrementa a Salud 12.4 %, que es absorbido por el escalafón salarial, y reduce la inversión en el eslabón primario de prevención: ECOS y Unidades de Salud. En Educación apenas incrementa el 4%, para llegar a tan solo el 3.75 % del PIB. Ante los graves problemas de agua en las comunidades Anda sufre un recorte de -5.1 %; y ante las agudas vicisitudes ambientales el Ministerio de Medio Ambiente tendrá un 12 % menos de presupuesto. Obras Públicas refleja el mismo monto, en contradicción con las ambiciosas metas de infraestructura prometidas durante la campaña.

Los tributos representan el 18.3 % del PIB; no obstante, el Ministerio de Hacienda en esas Bases propone incrementar un punto de ingresos permanentes “ampliando la base tributaria”, esto significa “apretar a los de abajo”: a las micro, pequeñas y medianas empresas. Aquel lema de campaña del presidente Bukele de “que paguen más los que tienen más” quedó en eso, en campaña. Su política fiscal no refleja ninguna iniciativa de reforma progresiva, más bien está supeditada al FMI para exprimir a la clase media y a los que menos tienen. Tampoco incluye iniciativas favorables de reformas al sistema de pensiones.

Las calificadoras de riesgo -Moody’s, Investors Service, Fitch Ratings- encendieron alarmas advirtiendo las dificultades que enfrentará el gobierno para cumplir la meta de reducir el endeudamiento establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y el presupuesto presentado lo hace más difícil.

Profundizar y ampliar la agenda social obliga a presentar un Plan General de Gobierno coherente con el Presupuesto General y que el presidente Bukele demuestre templanza, racionalidad, sabiduría y madurez. De lo contrario, no se podrá: cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 20/30 para reducir la pobreza y desigualdad, sostener la estabilidad macroeconómica, alcanzar una eficaz y progresiva recaudación tributaria, disminuir el endeudamiento público, reformar el sistema previsional, atender las causas estructurales de la inseguridad, ni generar un clima de confianza a la inversión para crecer la economía trascendiendo al 3.5 % para incrementar empleo digno -contrario a la venganza del cierre de empresas y persecución de empresarios adversos-.

La aprobación del Presupuesto demanda del presidente una mejor relación con la Asamblea Legislativa, en vista del voto calificado que amerita, de lo contrario tendremos un nuevo circo político con amenazas y victimizaciones ¿Será posible abrir puertas al diálogo con todos los sectores, desmontar el clima de venganza, enfrentamiento y polarización con el Poder Legislativo para contribuir a la unidad nacional? Si la mirada solo está puesta en una ambición personal, no; si lo importante es el interés nacional, entonces, sí.