El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes que concluyó la revisión de la economía salvadoreña a través de la consulta al Artículo IV.
Una misión técnica del FMI inició el 8 de noviembre pasado la consulta Artículo IV, cuyas primeras reuniones fueron presenciales con una delegación del Gobierno salvadoreño que viajó a Washington y el resto se realizó en formato virtual.
En un comunicado publicado esta tarde, el FMI destacó que en la revisión se concentró en las políticas necesarias para asegurar el crecimiento económico inclusivo, mejorar la sostenibilidad fiscal, asegurar la estabilidad financiera y fortalecer la gobernanza económica.
Aunque se discutió sobre la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, el FMI indicó que no se conocieron los anuncios realizados por el presidente Nayib Bukele sobre la emisión de bonos en bitcoin y construir la Bitcoin City.
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El Fondo Monetario destacó “el decidido esfuerzo de salud pública” del Gobierno para la detección temprana y contención del virus; señaló que las “políticas proactivas” minimizaron la contracción económica en 2020 que hubiese sido mayor al 7.9 % sin medidas como la reducción en los requerimientos de reserva de liquidez de los bancos.
Parte de esos alivios se aplicaron con un préstamo de $389 millones que aprobó el FMI en abril de 2020 bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido. “El sistema bancario parece seguir siendo resiliente, líquido y solvente, con adecuadas provisiones y coberturas de capital”, indicó el FMI.
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Los riesgos.
Para 2022, se espera que la economía salvadoreña crezca en línea con la estadounidense, principal socio comercial y emisor de remesas, pero el FMI recuerda que la proyección es que el Producto Interno Bruto (PIB) vuelva a los niveles observados previo a la pandemia y converja al 2 % para 2026.
“En la medida que disminuyen gradualmente los efectos de las políticas de asistencia implementadas por Estados Unidos durante la pandemia y que los altos spreads soberanos de El Salvador limiten el crecimiento de la inversión”, advirtió.
Señaló también que las necesidades de financiamiento del sector público aumenten en el mediano plazo y alcancen el 25 % del PIB para 2025 ante la amortización del vencimiento de $800 millones en bonos para enero de 2023.
La deuda pública (incluyendo los compromisos derivados del sistema de pensiones) seguirá creciendo y llegaría al 95 % del PIB para 2025.
Estas proyecciones no incluyen los planes para emitir bonos soberanos y utilizar los recursos obtenidos para comprar bitcoin y financiar planes de infraestructura. La incertidumbre que rodea estas proyecciones a mediano plazo es inusualmente alta dada la evolución del escenario político”.
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