El Gobierno le adeuda $70 millones a Fomilenio II en concepto de la contrapartida de fondos y devoluciones de impuestos. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó que el Ejecutivo no tiene fondos y ha pedido a la Asamblea Legislativa que del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones se incluya este compromiso.
Fomilenio II es el programa que administra la donación de $277 millones de la Corporación Reto del Milenio (MCC) más la contrapartida por parte de El Salvador por $88.20 millones. Su desarrollo comenzó en 2015 para un período de cinco años, teniendo como fecha de cierre el 9 de septiembre de 2020, pero el Gobierno ha solicitado una prórroga para la ejecución de los fondos debido a los retrasos en obras de campo por la pandemia.
Esta semana, en una reunión con los diputados y el nuevo ministro de Hacienda para presionar por la aprobación del préstamo por $250 millones del BID, asistió William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio II, para pedirle a los parlamentarios que dentro de ese financiamiento se incluyera la deuda con el compacto que asciende a $70 millones.
Dichos compromisos se han venido acumulando desde que inició Fomilenio II porque, según Hacienda, no se presupuestó en los años anteriores la asignación para la contrapartida ni para la devolución de impuestos pues el convenio se estructuró para que los proyectos estuvieran exentos del pago de tributos.
A la salida de la reunión en la Asamblea Legislativa, el miércoles pasado, el director del programa indicó que se dirigió una carta firmada por MCC “para para reiterarles la urgencia” a los diputados de que se incorporen en el presupuesto los $70 millones “para poder terminar de ejecutar todas las obras que están siendo financiadas a través de Fomilenio II”.
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La inversión de compacto se ejecuta en tres grandes componentes: capital humano, que incluye remodelación de centros escolares y mejoras en el sistema educativo; clima de inversión a través de la creación del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) y desarrollo de Asocios Públicos Privados (APP); e infraestructura en cruces fronterizos y la expansión de la carretera del Litoral.
De estos componentes “tenemos 38 obras en marcha y es indispensable que en el corto plazo se puedan incorporar esos recursos de contrapartida para que las obras no puedan ser paralizadas”, sostuvo Pleites.
“Estamos pidiendo que se incorporen estos $70 millones al presupuesto general 2020”, aseguró el ministro Zelaya ayer durante la entrevista de Noticieros Hechos AM. “¿Qué es lo que va a pasar si estos fondos no son incorporados? Se van a poner en riesgo los proyectos de la expansión de la carretera del Litoral, la construcción de los cruces fronterizos (…) también la reconstrucción de escuelas y el componente de mejora regulatoria y clima de inversión”, sentenció.
El funcionario aseguró se mantienen las gestiones para la prórroga, sin embargo hasta la fecha no se ha recibido una notificación oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos. En tanto, MCC confirmó en junio pasado que hasta mayo ya había desembolsado $195.7 millones, el 71 % de la cooperación comprometida.
En una consulta con este periódico de junio pasado, la Embajada de Estados Unidos confirmó que las obras que no se terminen al 9 de septiembre serán concluidas con la contrapartida que el Gobierno se comprometió a implementar.
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Componentes de inversión
Clima inversión: Para este componente, Fomilenio II dispone de $92.4 millones de los cuales $42.4 millones provienen de MCC y $50 millones del Gobierno. Incluye la creación del OMR para revisar trámites, desarrollo de dos asocios públicos privados (APP), y financiamiento a actividades productivas.
Infraestructura: Tiene una asignación de $125.3 millones para invertir en puntos estratégicos de la red vial. MCC otorga $109.6 millones y el Gobierno aporta $15.7 millones. Abarca la ampliación de la carretera Litoral, y rehabilitación de 5.74 kilómetros de Agua Salada a la frontera El Amatillo, en La Unión.
Capital humano: Con un financiamiento de $100.2 millones, este eje busca mejorar la calidad de la educación media y básica, para que la mano de obra responda las necesidades del mercado. Se intervienen 349 centros escolares de la zona sur del país en infraestructura y capacitación docente.