La población guatemalteca se volcó a las calles a exigir el fin de la corrupción de Pérez Molina. / DEM
En medio de toda la cruzada contra la corrupción en Guatemala, los medios del empresario mexicano, Ángel González, han terminado denunciados como parte del proceso llamado “Cooptación del Estado”.
La CICIG denunció el 2 de junio el supuesto financiamiento ilícito de la campaña a través de las televisoras Radiotelevisión Guatemala S.A. (canal 3) y Televisiete S.A. (canal 7), que presuntamente entregaron 17 millones de quetzales (unos $2.2 millones) a empresas controladas por Baldetti, entre ellas: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer.
“Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Baldetti durante la campaña (...) son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión (2012)”, señaló la Comisión.
González es dueño de los canales 3, 7, 11 y 13 y de radio Sonora, la de mayor audiencia en ese país. Su esposa, Alba Elvira Lorenzana, figura entre los procesados en el caso.
“Los canales y las radios de Ángel González eran la voz oficial del Gobierno (de Pérez Molina). Su audiencia no sabe todavía que cayó Serrano Elías, menos aún que cayeron Pérez ni Baldetti”, dice José Rubén Zamora, director de El Periódico.
Y aunque en la mayoría de medios hubo una identificación con las demandas expresadas en las manifestaciones, era claro que “salvo los medios que pertenecen a Ángel González, el resto ha cubierto ampliamente las movilizaciones y los juicios que iniciaron el Ministerio Público y la CICIG”, asegura Gustavo Berganza, sociólogo y periodista.
Esto ha provocado incluso manifestaciones para pedir la anulación de frecuencias de los canales de González, dueño del Grupo Albavisión, presente en Latinoamérica con 45 canales de televisión, 68 radios, 65 salas de cine, tres cadenas de televisión satelital y productos impresos.