El excoronel Inocente Montano fue extraditado a España en 2017, luego de ser expulsado de Estados Unidos por la corte.
La Audiencia Nacional Española leerá la sentencia sobre la masacre de los sacerdote jesuitas de 1989, este próximo viernes 11 de septiembre del 2020, a la 1:00 de la tarde, hora de España y 5:00 de la mañana, hora de El Salvador.
Este acto se realizará en presencia de las partes y del interno, Inocente Montano, único acusado presente, señalado por haber ordenado dicha atrocidad en compañía de otros altos oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador". Comunicado de la asociación Víctimas Demandates (Vidas).
La resolución será revelada dos meses después de haber finalizado el desfile probatorio en el juicio. Originalmente, este proceso inició el 8 de junio con el testimonio del exteniente René Yushsy Mendoza, quien ratificó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que el Alto Mando de la Fuerza Armada ordenó asesinar a los sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre de 1989.
Posteriormente, el juicio se suspendió debido a la pandemia del covid-19, y se retomó el 8 de julio con la declaración del resto de testigos, a través de videollamadas. El desfile probatorio finalizó el 15 de julio con el derecho de última palabra del excoronel, Inocente Montano, quien al momento de la masacre, era el viceministro de Seguridad. Montano dijo a los jueces que le habían repugnado las "mentiras" que se dijeron.
España enjuicia al exmilitar salvadoreño por la matanza ocurrida la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas -cinco españoles- y dos colaboradores.
¿Quiénes son las víctimas de la masacre jesuita en 1989 en El Salvador?
- Ignacio Ellacuría, quien era el rector de la UCA.
- Ignacio Martín Baró, el vicerrector académico de la UCA.
- Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
- Juan Ramón Moreno, director de la biblioteca de la UCA.
- Amando López, profesor de filosofía de la UCA.
- Joaquín López y López, fundador de la UCA.
- Elba Ramos, cocinera de los sacerdotes de la UCA.
- Celina Ramos, hija de Elba Ramos.
La fiscalía y la querella han defendido la tesis que el 15 de noviembre de 1989, el Alto Mando de la Fuerza Armada se reunió para ordenar el asesinato de Ellacuría "sin dejar testigos", según el exteniente Mendoza.
El testigo dice que el jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce, llamó a Guillermo Alfredo Benavides, a quien le encargó el asesinato del sacerdote.
Lucía de Cerna y su esposo, Jorge Cerna, dijeron a los jueces que vieron a los soldados entrar y salir de la UCA en la madrugada del 16 de noviembre, y relataron que hubo una balacera.
El camino a España
Este proceso penal inició en 2009, cuando la Audiencia Nacional Española abrió una investigación contra los militares, con base al principio de justicia universal. Aunque en 2011, el juez Eloy Velasco giró órdenes de captura internacional para un listado de militares salvadoreños señalados, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador negó extraditarlos debido a que el caso fue judicializado en la década de los 90.
Sin embargo, Montano vivía en Estados Unidos y estuvo encarcelado debido a su estatus migratorio; en 2017 la corte estadounidense resolvió en contra del excoronel y debido a la solicitud de extradición fue entregado a España. El excoronel llegó a Madrid el 30 de noviembre de 2017.
En el proceso, la fiscalía española pidió a la Audiencia Nacional condenar al exmilitar salvadoreño, de 77 años de edad, a 150 años de cárcel por la muerte de los cinco sacerdotes jesuitas españoles. Sin embargo, la querella pidió que la causa penal también aplique para las tres víctimas salvadoreñas.
¿Y hay caso Jesuita en El Salvador?
Sí. La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó reabrir la investigación por la masacre de los sacerdote jesuitas el 11 de marzo del 2019, reconfirmando la decisión del Juzgado Tercero de Paz que había resuelto reabrirlo en abril de 2018, tras la solicitud presentada un año antes, por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
En el año 2000, un juzgado exoneró a los militares acusados del asesinato, basándose en la vigencia de la Ley de Amnistía. Actualmente el caso se mantiene activo y sin avances.