La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reprocha a la Sala de lo Constitucional, nombrada por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, que en la reapertura del proceso judicial por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos salvadoreños, no se consideró la participación de las víctimas ni de la Compañía de Jesús.

La UCA tilda de “sorpresivo” el fallo dado el pasado miércoles 5 de enero, donde anulan el fallo de la Sala de lo Penal, que en septiembre del 2020 cerró el caso.
Es lamentable que, pese al llamado ético que tienen los operadores del sistema de justicia de escuchar los intereses y necesidades de las víctimas, el inicio del proceso constitucional en el cual se ha vertido el fallo se haya realizado de manera sorpresiva y sin ninguna participación de los familiares de las víctimas, la UCA o la Compañía de Jesús”. Comunicado de la UCA.

De igual forma, señala la Fiscalía General de la República no consideró a las víctimas para presentar el amparo, y afirman que buscarán participar en todas las instancias judiciales donde se aborde el caso.

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La Sala de lo Constitucional resolvió el amparo 414-2021, presentado por el fiscal general, Rodolfo Delgado, -también nombrado el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa- donde pedía reabrir el caso.

Según los magistrados de la Sala, se violentaron los derechos a la verdad, a la seguridad jurídica y a la protección jurisdiccional, porque se omitieron normativas vigentes en el país que obligaban al Estado, a investigar los hechos de la amsacre.

Además, la Sala de lo Constitucional señala que, en el momento de los hechos no había posibilidad de una “efectiva” investigación por el “aparato organizado de poder” que existía en el país.

Por ello, afirman que no se pueden contar los plazos procesales y los delitos son imprescriptibles.

Exigen que el caso no se politice


En su comunicado, la UCA también pidió que este proceso no se “instrumentalice políticamente y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas”.

Ayer, el abogado Arnau Baulenas, quien es representante del hermano del padre Ignacio Ellacuría, asesinado en la masacre, dijo que no permitirán que el caso se utilice políticamente.

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"Si realmente queremos justicia y verdad no se debe politizar el caso, no deben haber injerencias políticas, se debe respetar el debido proceso y todas la garantías para que sea un proceso judicial limpio y transparente”, enfatizó el abogado.

“La masacre de la UCA”


Para honrar la memoria de Elba y Celina Ramos, la dos mujeres asesiadas en la masacre, la universidad pide que el caso sea conocido como “La masacre de la UCA” y no el caso jesuita.

“Esta denominación excluye la memoria de dos mujeres tan valiosas y dignas de justicia como los sacerdotes jesuitas martirizados; mujeres que en el violento desenlace de su vida reafirmaron el valor universal del amor y del deber de protección a los seres queridos”, señala la UCA.

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El 16 de noviembre de 1989 en la madrugada, el batallón Atlacatl masacró a Ignacio Ellacuría, quien era el rector de la UCA; Ignacio Martín Baró, el vicerrector académico; Segundo Montes Mozo, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno Pardo, director de la biblioteca de la universidad; Amando López Quintana, profesor de filosofía de la UCA, todos de nacionalidad española.

También fueron asesinados los salvadoreños: Joaquín López y López, sacerdote jesuita y fundador de la UCA; Elba Ramos, quien era cocinera de los sacerdotes y su hija, Celina Ramos.