Los comicios del 28F enfrentan un complejo panorama electoral caracterizado por el mayor retroceso democrático desde la firma de los Acuerdos de Paz. El desencadenamiento de una espiral de violencia ha dejado cinco víctimas entre muertos y heridos, todos militantes del FMLN, en un atentado a mansalva por un grupo de hombres armados cuando culminaba una actividad partidaria. La institucionalidad tiene la responsabilidad de hacer justicia y detener la violencia política y Bukele debe asumir su responsabilidad desmontando el clima de odio y confrontación que ha caracterizado su mandato.

La creciente escalada autoritaria encabezada por Bukele ha gestado más polarización e intolerancia hasta llegar a la violencia; torciendo además las funciones de las Fuerzas Armadas y la PNC, asignándoles un rol partidista superado por los Acuerdos de Paz. Su actitud confrontativa rompe el equilibrio de los poderes del Estado, debilitando y bloqueando el desempeño de las instituciones contraloras de los recursos estatales; mientras, crece el asedio y ataque a los medios de comunicación independientes para encubrir la corrupción por la que organismos como Transparencia Internacional y FUNDE colocan a El Salvador junto a Colombia como malos ejemplos de gestión gubernamental, corrupción y autoritarismo. Entre tanto, en los territorios, además de la confrontación política, aumentan irrefrenables los crímenes y hechos delictivos, principalmente las extorsiones y yacen en silencio cada vez más los desaparecidos.

El creciente clima de violencia y la pandemia pueden tener un efecto adverso sobre el evento electoral, incrementando el abstencionismo debido a los temores tanto de hechos violentos como por la incontrolable alza de contagios y la incertidumbre por la incapacidad del régimen en adquirir las vacunas tal como lo hace Costa Rica y Guatemala, que ya cuentan con un plan para inmunizar su población. Un ejemplo del efecto viral sobre el abstencionismo es la elección de primer ministro de Portugal el 24 de enero, con una dramática abstención del 61% atribuida al alza de contagios.

El año anterior Bukele intimidó y aplicó medidas represivas de confinamiento; ahora, por temor a la abstención electoral reina el silencio y laxitud, aun contando con herramientas legales para el control sanitario.

El resultado del 28F en parte, estará determinado por el porcentaje de participación, este es el mayor reto de quienes sueñan con el control absoluto del poder legislativo. La participación histórica en elecciones presidenciales ha sido mayor que las legislativas y municipales; sin embargo ha habido una clara tendencia descendente: en 2004 votó el 67.34%, en 2009 el 62.92%, para 2014 participó el 56.83% y en segunda vuelta el 62.55%, mientras que en 2019 solo el 51.88%. Con todo lo más “cool” y novedoso del mejor momento político de Bukele en aquella elección no logró levantar la participación, su victoria la obtuvo con el 27.23% de votos de un padrón de 5,268,411 electores. Veremos cuanto pesará en el resultado el desgaste político que hoy enfrenta su gestión.

Las elecciones del Parlacen, legislativas y municipales siempre han tenido una menor participación porcentual en relación a las elecciones presidenciales, así como una menor exuberancia de recursos. Generalmente las candidaturas municipales acumulan a favor del resultado legislativo, aunque esta tendencia tiende a modificarse desde la instalación del voto legislativo por preferencias (rostro). En los últimos años la participación se ha expresado así: en 2006 votó el 52.56% de la ciudadanía apta para votar, en 2009 el 52.42%, en 2012 el 49.37% y en 2018 solo el 43.00%.

Este proceso electoral de 2021 evidencia el mayor retroceso de la democracia electoral del país debido a: abusivo uso de centenares de millones de dólares de recursos públicos enmascarados en la emergencia de la pandemia, encubriendo el uso masivo de recursos del Estado con fines proselitistas para la distribución partidaria de miles de canastas de alimentos así como entrega de efectivo; despilfarro de recursos en propaganda electoral ilegal; descarados prevalimientos del cargo de funcionarios públicos y todo ante la inerte y torva mirada del arbitraje electoral (TSE) a cargo de un Organismo Colegiado incompetente, dividido y sin autoridad para hacer cumplir la ley. Este Tribunal ha sido capaz de torcer la normativa electoral para favorecer al partido de Bukele. Ya resolvieron con 3 votos las nulidades de candidatura, ¿harán lo mismo con las nulidades de elección y de escrutinio definitivo? No lo dudo.