Lo primero que hay que afirmar es que el proceso, por doloroso que haya sido, es inédito en nuestra historia constitucional; por décadas la Asamblea legislativa ha utilizado para la elección de los magistrados métodos no solo irresponsables, sino inconstitucionales; así, antes era por mandato del presidente (por lo general un coronel), quien enviaba a la Asamblea un “papelito” con los nombres y los diputados, obedientemente, lo cumplían al pie de la letra; desde los Acuerdos de Paz, que introdujeron normas para la elección de los magistrados limitando relativamente la arbitrariedad en la elección, los partidos políticos tomaron el “sartén por el mango” y, dada la composición pluripartidista de la Asamblea y el número de votos necesarios, lo primero que hacían era repartirse los puestos a elegir y así, la elección pasó realmente a manos de las direcciones partidarias que escogían a sus favoritos para llenar su cuota. La elección de la anterior Sala de lo Constitucional, fue una combinación de los dos métodos, pues las direcciones partidarias y el presidente de la República (que ya no era un coronel) se pusieron de acuerdo en la escogitación de los magistrados, pero, para su sorpresa y disgusto, resultó que los electos rompieron con la tradición de magistrados sujetos a orientación partidaria y se tomaron el trabajo de defender la Constitución en serio.
Esta vez, las fracciones partidaria de la Asamblea se abocaron al proceso pretendiendo mantener su control y el reparto fue lo primero que se acordó: dos para ARENA y uno para cada uno de las otras tres fracciones (FMLN, PCN y GANA), con el agravante que, dada la experiencia con la Sala saliente, pretendían escoger candidatos que no les causaran los dolores de cabeza sufridos con la anterior; pero esta vez, hubo un “convidado de piedra” al festín: las organizaciones de la sociedad civil que empezaron a exigir trasparencia y que se cumpliera con los requisitos que la Constitución exige para ser electos.
Esto planteó un panorama completamente nuevo en el que por un lado, las presiones y exigencias de seriedad y transparencia de la sociedad civil han tenido una dimensión inusitada y de la cual los diputados no pudieron evadirse, y por el otro, los conflictos entre los partidos por ciertas escogencias de candidatos que contradecían evidentemente los resultados del proceso de selección, el proceso se estancó. El resultado ha sido una mezcla en la que predomina aún la escogitación en base a cuotas partidarias, pero las presiones públicas de la sociedad lograron modificar los aspectos más incongruentes de la elección. Por lo tanto, no nos queda más que darle a la nueva Sala un voto –provisional- de confianza y mantenernos alertas y activos acerca de su desempeño, y tratar que la discusión de sus fallos, que no hay duda que la generarán, sea sobre la base de argumentos constitucionales y no de simples acusaciones y calificaciones políticas, como ha predominado en el pasado.
La Sala de lo Constitucional es la guardiana de la Constitución y debe garantizar que todo el poder público se ajuste a sus mandatos; pero, ¿quién es el guardián de que la Sala se mantenga dentro de las normas dictadas por la Constitución y no se desenfoque? Somos nosotros, la sociedad civil; pero esto requiere que superemos la polarización de o defensa absoluta o de rechazo permanente a la institución y pasemos a una actitud de caso por caso apoyar la Sala cuando sus resoluciones sean de acuerdo a las normas constitucionales, pero también estar alertas a señalar, con argumentos si consideramos que una sentencia de la Sala va más allá o está aplicando erróneamente la norma constitucional; LA SOCIEDAD CIVIL, EN UNA DEMOCRACIA, ES EL RESPALDO CRÍTICO a su Corte Suprema de Justicia y especialmente a su Sala de lo Constitucional.