Traigo a cuentas esta locución, cuando reviso el artículo 83 de nuestra Constitución que claramente expresa que “El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución” que, a mi modo de entender, señala claramente la importancia que tiene toda expresión u opinión que proviene de la sociedad salvadoreña, cuando se refiere a los asuntos públicos del país y que, por su naturaleza y trascendencia, debe servir como guía provechosa del quehacer gubernamental de turno.
Desatenderse de la opinión o escrutinio popular, que se manifiesta en comentarios periodísticos, entrevistas de personalidades, comunicados de partidos legalmente inscritos o simplemente en concentraciones multitudinarias, tarde o temprano podría constituirse en serios obstáculos para concretizar un ambiente de tranquilidad y armonía social, que haga posible la buena marcha y ejecución de los programas o proyectos oficiales de una administración determinada. Mantener esa armonía, reitero, puede ser, entre otras alternativas, un medio para garantizar el clima propicio para contar, entre varios beneficios, con el apoyo masivo de la población destinataria de tales programas y proyectos.
Seguramente, este es uno de los puntos positivos que podemos derivar de aquella locución latina. Al mencionar este aspecto, recuerdo que mi padre, un militar de carrera, me narraba sobre algunos rasgos del general Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó por casi trece años en sucesivas decisiones de una Asamblea Legislativa conformada solamente por diputados afines a dicho gobernante, del que sólo se dicen “cosas malas”, pero sin mencionar importantes obras públicas, algunas de las cuales subsisten hasta el presente. Una de ellas, según la narración paternal, era que cuando aquel dictador se enfrentaba a situaciones difíciles de resolver, convocaba a reuniones en Casa Presidencial, las que él denominaba “Juntas de Notables”, conformadas por magistrados de la Corte Suprema de Justicia legalmente elegidos, abogados particulares e incluso, algunos escritores y periodistas, economistas, etc. a quienes les exponía sus personales inquietudes sobre temas de importancia nacional y solicitaba su opinión al respecto. En aquellos tiempos, decía mi progenitor, había realmente una cruel censura en los medios de prensa y estaban prohibidas las manifestaciones en plazas y calles, pero prestaba atención e interés a lo que le manifestaban los convocados, a sabiendas que, para varios de ellos, su régimen no era del total agrado.
Los tiempos han cambiado. Ahora tenemos muchas redes sociales diversas y después de los Acuerdos de Paz, se respira un clima de libertad que, aunque aún defectuoso, permite toda expresión social no solo en los medios de difusión general, sino también en plazas y calles, como las observadas recientemente y las que podrían darse después.
Ante esta realidad insoslayable, pienso que hoy es el tiempo propicio de prestar atención a esas voces críticas, a esas opiniones no concordantes con el actual gobierno, así como a esos señalamientos precisos sobre evidentes errores administrativos, algunos de los cuales lindan con la ilegalidad e inconstitucionalidad, la cooptación de los tres órganos del Estado en manos de una sola persona o de un solo partido oficial, con muestras o asomos represivos por medio de la policía o de militares, sumado a un evidente desprecio o desdén oficial para esas voces críticas, todo eso, repito, debe cesar de inmediato desde las esferas estatales.
Es la hora del patriotismo sincero, del diálogo constructivo, de aceptar errores y proceder a su debida corrección legal o constitucional. Por la paz de la nación, es preciso abandonar esos “aires de triunfalismo” y dialogar con humildad e interés, en busca de lograr un país cada vez mejor para todos sus habitantes. Escuchemos la voz de Dios, en las voces de nuestro amado pueblo salvadoreño. No olvidemos su origen latino: Voz populi, vox Dei.