“Lo que ha hecho la nueva Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas, de Bukele, es sencillamente lo que haría cualquier fórmula ganadora en cualquier democracia del mundo: elegir los órganos contralores y judiciales, según la correlación de fuerzas derivadas de su elección universal, secreta y directa. El poder legislativo tiene el mandato constitucional para hacer destituciones como éstas.”
Y agrega a continuación, también textualmente: “Es decir, salvo algunos procedimientos dudosos, no puede denunciarse ningún tipo de medida antidemocrática en la decisión del poder legislativo salvadoreño, ya que solo está cumpliendo con una oferta electoral de ese partido: barrer a los políticos tradicionales de izquierda y derecha.”
Activo militante de la madura “democracia” de Maduro debe ser este sociólogo para hacer semejante afirmación.
Primero, “lo que haría cualquier fórmula ganadora en cualquier democracia del mundo” sería respetar las normas constitucionales y los procedimientos escritos en ella; y segundo, “la correlación de fuerzas derivadas de su elección universal, secreta y directa” no le da derecho a ninguna mayoría a hacer lo que se le antoje, salvo, seguramente, en la Maduro democracia.
Dejemos hasta ahí el fanatismo del sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Vamos ahora con su ignorancia.
En El Salvador “el poder legislativo (NO) tiene el mandato constitucional para hacer destituciones como estas”, las que ha hecho. En El salvador, la Constitución, art. 236, establece:
Primero, que la causal para iniciar un proceso de destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -y de otros funcionarios, incluido el mismo Presidente- es el cometimiento de “delitos oficiales o comunes”, que “cualquier persona tiene el derecho de denunciar”.
Segundo, existiendo una denuncia, “la Asamblea, oyendo a un fiscal de su seno y al indiciado, o a un defensor especial, en su caso, declarará si hay o no hay lugar a formación de causa”, es decir, si hay o no hay indicios suficientes como para presumir que se cometió el delito denunciado y, por lo tanto, iniciar un proceso.
Tercero, si la Asamblea declara que hay lugar a formación de causa “se pasarán las diligencias a la Cámara de Segunda Instancia que determine la ley”.
Cuarto, la resolución que dicte la Cámara de Segunda Instancia puede ser revisada por una de las Salas de la Corte, y los recursos que admitan las resoluciones de esa Sala serán conocidos por la Corte en pleno.
¿Y qué pasa mientras? se preguntarán muchos. La Constitución, art 237, responde: “Desde que se declare por la Al o por la CSJ que hay lugar a formación de causa, el indiciado quedará suspendido en su cargo. Si la sentencia fuere condenatoria, por el mismo hecho quedará suspendido en el cargo. Su fuere absolutoria, volverá al ejercicio de sus funciones” (si el período de su nombramiento no ha expirado).
Entonces, no se trata de “algunos procedimientos dudosos”, que nada importan al profesor venezolano, sino de un atropello explícito de los contenidos y procedimientos constitucionales.
Por lo demás, para mayor muestra de fanatismo e ignorancia del sociólogo, analista y profesor, en la oferta electoral de Nueva Ideas no aparece “barrer a los políticos tradicionales de izquierda y derecha”. Ninguna oferta electoral podría ser tan estúpida.
Finalmente, para protección de toda persona (incluyendo magistrados y cualesquiera funcionarios), la Constitución, art 11, dice: “Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa.” Esto es, esencialmente, lo que se llama debido proceso.
Ojala Russian Today retome esta aclaración.