Aun con diferencias ideológicas y políticas hay coincidencia en que hay un grave retroceso social, una parte atribuida a la crisis viral y otra a la inocultable incapacidad tras año y medio de gobierno. Crece la problemática por la mala gestión del agua potable, el notorio desmantelamiento de los programas de atención a las mujeres y primera infancia tras el desmontaje de programas como Ciudad Mujer, abandono de la construcción del nuevo Hospital Rosales; cierre de la reforma de salud, retrocediendo a la medicina curativa en detrimento de la medicina preventiva.
En educación preocupa: el crecimiento al 50% de la deserción escolar, frustración del 80% de escolares debido al poco aprendizaje por la inefectividad de improvisados programas de educación en línea, injustificada incapacidad para resolver de manera gratuita una mejor y eficiente cobertura de internet para el sistema educativo, deficiente entrega de computadoras o tabletas para estudiantes, sin olvidar la desidia sobre la infraestructura escolar. Este debilitamiento de programas sociales se profundiza con la falta de entrega durante siete meses del FODES, ley que le otorga a las municipalidades el 10% de los ingresos corrientes y que no depende de préstamos.
En derechos humanos, El Mozote es el símbolo más representativo de la deshumanización del régimen. Agreguemos el incumplimiento de la responsabilidad legal para cubrir el presupuesto de adultos mayores, veteranos y excombatientes; graves violaciones a derechos fundamentales durante la cuarentena en centros de contención (mejor dicho de contagio), injustificados cercos sanitarios a municipios con excesivo uso de fuerza militar y policial; vengativos despidos laborales en la administración pública. Además, no hay que olvidar del grave estado de abandono y desatención a pacientes con enfermedades crónicas que disparan las cifras de decesos.
En materia de institucionalidad encontramos un abusivo control del régimen para desnaturalizar el IAIP bloqueando el acceso a la información publica, los ataques a la CCR, la opacidad en las compras, la modificación de la regulación en materia de contrataciones y adquisiciones para favorecer oferentes dentro del mismo gobierno; compras sospechosas de corrupción como las realizadas por el MAG en Sinaloa, México, en detrimento de los productores nacionales que demostraron tener capacidad de abastecer las necesidades de granos básicos y a menor precio.
Sumémosle las ilegales transferencias millonarias entre carteras de Estado sin el correspondiente aval legislativo y, como si fuera poco, el desvío de los recursos de FOMILENIO y la pretensión del régimen de una segunda aprobación de recursos para el mismo fin.
Durante año y medio el régimen de Bukele con su estilo autoritario, soberbio e intolerante se ha dedicado a generar odio y confrontación, a manipular a la Fuerza Armada y PNC en función de su agenda política electoral, los casos más grave han sido el ataque y ocupación de la Asamblea Legislativa, obstaculizar las funciones de la Fiscalía, la ridícula amenaza del director de la PNC a un alcalde que buscaba respuestas de un Ministro, la descalificación permanente al árbitro electoral -TSE-, mientras sus funcionarios adelantan impunemente su campaña electoral y se aprovechan de recursos públicos con fines proselitistas.
La confrontación permanente con la Sala de lo Constitucional, los ataques a periodistas y medios de comunicación independientes, el bloqueo al derecho de organización negando credenciales a más de cien sindicatos, el incumplimiento a su obligación constitucional (167 inc. 2) de elaborar el Plan de Gobierno y menos el Plan de Desarrollo de acuerdo a los artículos 11 y 12 de la Ley de Desarrollo y Protección Social, que tampoco pueden pasarse por alto. Si las instituciones de control hacen su trabajo, la pita se le va a reventar.