Varios abogados consultados coincidieron que los diputados de la Asamblea Legislativa violentaron la Constitución de la República y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional al no elegir el jueves pasado al procurador de derechos humanos.

Raquel Caballero de Guevara concluyó funciones de procuradora el sábado 21 de septiembre y la institución quedó en acefalía porque los diputados no lograron acuerdo.

El director del Departamento de Estudios Legales de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, explicó que los diputados han violentado el artículo 192 de la Constitución, al no elegir en tiempo al procurador.

“La Constitución establece que los funcionarios permanecen un periodo determinado en el ejercicio de sus funciones; a la Asamblea Legislativa le corresponde elegirlo y debe hacerlo de tal modo que la institución nunca quede acéfala”, declaró el director de Fusades.

Además, planteó que los diputados incumplieron el artículo 235 de la Constitución que señala que todo funcionario está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución o, caso contrario, será responsable conforme a las leyes.

La abogada Erika Saldaña consideró que la Asamblea Legislativa violentó el artículo 131 y ordinal 19 del artículo 194 de la Constitución de la República, que delega a la Asamblea Legislativa la exclusiva responsabilidad de “elegir funcionarios, entre ellos al procurador de Derechos Humanos”.

Jurisprudencia de la Sala

La coordinadora del área de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Jessica Estrada; el investigador de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Óscar Campos, y el director ejecutivo de la Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar, razonaron que los diputados también han violentado la jurisprudencia de la Sala lo Constitucional porque no han explicado ni fundamentado cómo definieron sus listas de candidatos favoritos al cargo y excluyeron al resto.

Los tres abogados criticaron que los partidos tampoco han dicho quiénes son los candidatos con más capacidad, idóneos e independientes.

En su sentencia del 23 de enero de 2013, la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y ordenó que en elecciones futuras la Asamblea documentara, discutiera y deliberara públicamente sobre los candidatos a funcionarios.

Los partidos aseguran que están deliberando para elegir al nuevo procurador, aunque reconocen que podrían haber pláticas bilaterales que no son públicas.

“Nosotros lo hacemos público, que habrá conversaciones bilaterales, como que me encuentro con un jefe de fracción y platicamos, esa es otra cosa”, dijo el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes.

El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, argumentó que deliberación pública no “excluye a que los partidos bilaterlamente se vean, reúnan, discutan y se crucen entre los partidos o interlocutores de los partidos, criterios que van ayudando a que se aterrice” la elección.