El pasado lunes 12 de octubre, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, con el consenso unánime entre todas las fracciones políticas, acordó dos reformas a la Constitución salvadoreña para que en su artículo 2 se reconozca el derecho humano al agua y saneamiento, y en su artículo 69 reconozca al agua como un bien público. Esto representa un hito transcendental a nivel nacional para el reconocimiento de este derecho y la obligación del Estado salvadoreño de garantizarlo.
Acá vale la pena reconocer el enorme trabajo que se ha realizado desde las organizaciones de sociedad civil, el movimiento social, las iglesias, la academia y las propias comunidades, que desde hace varios años, de manera sostenida e insistente, han estado impulsando el reconocimiento de este derecho en nuestra Constitución.
Reconocer el derecho al agua es fundamental para un país en el que miles de hogares no tienen acceso al agua, y otros miles más que, a pesar de tener una conexión, no reciben este servicio. El reconocimiento constitucional del agua como bien público también permite sentar las bases para blindar este recurso ante cualquier interés o intento de privatizarlo. Las reformas planteadas demuestran la intención del Estado salvadoreño de cumplir los compromisos de derechos humanos y ambientales asumidos a nivel internacional.
Si bien se ha dado un paso trascendental, como ciudadanía aún tenemos trabajo por hacer. En el inmediato plazo, dar seguimiento para que esta reforma constitucional sea aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa a la brevedad posible. Esta es una enorme oportunidad para la presente legislatura de saldar esta deuda histórica. Ojalá que los diputados y diputadas estén a la altura de la situación y sepan aprovecharla.
También, al tratarse de una reforma constitucional, debemos recordar que esta debe ser ratificada por la siguiente legislatura, por lo que debemos aprovechar la coyuntura electoral, y exigir que los y las candidatas a una diputación demuestren que su interés en el bienestar de las personas es real y se comprometan a, que de resultar electas, ratificarán dichos cambios constitucionales con celeridad.
Además, como no basta con que la Constitución reconozca un derecho para garantizar su goce, desde la ciudadanía deberemos seguir presionando por la discusión y aprobación de una ley de agua, que permita operativizar la garantía y goce del derecho humano al agua y saneamiento. Una ley que como mínimo debería promover la protección, conservación y gestión integral de las cuencas hídricas; regular cada uno de los usos sectoriales del agua; permitir la coordinación y ordenamiento institucional y administrativo de las entidades públicas vinculadas a la gestión del recurso; y, definir las sanciones y penalidades para reducir la contaminación y degradación del agua. Una ley que también deberá crear las herramientas para que el Estado cumpla su rol como garante de ese derecho y administrador de dicho recurso. Una ley que, además, deberá ser complementada con presupuestos públicos suficientes para garantizar su puesta en práctica.
Lo logrado en materia del derecho humano al agua nos demuestra que cuando distintos sectores se organizan, construyen alianzas y realizan propuestas conjuntas; y, la clase política abre espacios para la participación, decide escuchar a la ciudadanía y legisla con base en argumentos técnicos, es posible construir consensos en beneficio de las grandes mayorías, más allá de intereses particulares. Ojalá que lo logrado esta semana sea un precedente para seguir construyendo acuerdos que vayan más allá de la politiquería.